Una operación conjunta de policías y agentes anticorrupción surcoreanos tuvo lugar en la residencia del presidente suspendido, Yoon Suk Yeol, en Seúl, con la intención de ejecutarle una orden de arresto.

La acción se desarrolló en medio de una fuerte presencia de sus seguidores, quienes se manifestaban en apoyo al líder conservador.

Los investigadores llegaron al domicilio de Yoon, actualmente bajo investigación por un intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre, un acto que lo ha llevado a ser investigado por “rebelión”.

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A pesar de que Yoon permanece en funciones, su destitución fue votada por el Parlamento y está a la espera de la confirmación del Tribunal Constitucional.

Yoon desató una crisis política al tratar de declarar la ley marcial y enviar al ejército a la Asamblea Nacional, pero se vio obligado a retractarse horas más tarde, bajo la presión de manifestantes y legisladores.

Su situación legal se complica con varias investigaciones en curso, entre ellas por insurrección, y enfrenta la prohibición de abandonar el país.

Los agentes advirtieron que la orden de arresto se ejecutará antes del lunes 6 de enero.

Mientras tanto, Yoon ha declarado que seguirá luchando por su causa, rodeado de sus partidarios, y denuncia que la República de Corea atraviesa un momento delicado debido a amenazas a su soberanía.