Una investigación reveló que la urgencia del gobierno republicano por duplicar la plantilla del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) derivó en un proceso de contratación acelerado que habría relajado filtros de seguridad, permitiendo el ingreso de reclutas con antecedentes financieros, laborales y de conducta bajo revisión.

La agencia inició una expansión sin precedentes para incorporar alrededor de 12 mil agentes con el objetivo de duplicar su fuerza laboral, luego de una asignación extraordinaria de 75 mil millones de dólares aprobada por el Congreso para fortalecer políticas de deportación masiva impulsadas durante la administración de Donald Trump.

El proceso de reclutamiento registró más de 220 mil solicitudes, según declaraciones del director interino del ICE, Todd Lyons, quien defendió la estrategia asegurando que la ampliación busca fortalecer la capacidad operativa de la institución con personal capacitado y con verificaciones de seguridad.

Sin embargo, la investigación documenta casos de nuevos empleados con historiales que incluyen bancarrotas, demandas por presunta mala conducta, antecedentes de uso excesivo de la fuerza y situaciones laborales irregulares. Entre los ejemplos señalados figura el de un agente con múltiples empleos policiales en pocos años y otro con acusaciones de falsificación de reportes en un caso criminal.

Uno de los casos bajo escrutinio es el del agente Gregory Donnell Morgan Jr., quien enfrenta cargos por agresión agravada tras un incidente en el que presuntamente apuntó con un arma a ocupantes de un vehículo en una autopista del área de Minneapolis. Registros judiciales señalan antecedentes de problemas financieros, mientras que su historial laboral reporta un paso breve por una academia policial sin concluir su formación.

Otro caso mencionado es el de Andrew Penland, exagente en Kansas, señalado en una demanda civil previa por presunto arresto indebido de una mujer en 2022. El caso fue resuelto mediante un acuerdo económico, mientras que posteriormente el acusado fue incorporado al ICE tras su salida de una fuerza policial local.

Procesos acelerados de contratación pueden aumentar el riesgo de incorporar personal sin la debida evaluación. Señalan que, aunque muchos aspirantes provienen de fuerzas militares o policiales, la falta de revisión profunda podría derivar en casos atípicos o problemáticos dentro de la agencia.

La investigación también destaca que el ICE protege la identidad de sus agentes, lo que limita la verificación pública de todos los nuevos ingresos, aunque se identificaron perfiles laborales que evidencian antecedentes diversos, incluidos problemas financieros y procesos legales previos.

El análisis concluye que la expansión de la fuerza laboral en un periodo de alta demanda operativa ha generado cuestionamientos sobre los estándares de verificación y los posibles riesgos asociados al desempeño de nuevos agentes en campo.