El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, informó que la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha permitido establecer una línea clara de colaboración interna desde el propio ayuntamiento.

De acuerdo con lo expuesto en conferencia de prensa, Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, habría proporcionado información clave sobre la ubicación y movimientos del edil a los responsables materiales del ataque, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante la inauguración del Festival de las Velas.

Las indagatorias federales señalan que la filtración se realizó mediante conversaciones por chat, en las que Samuel N. habría enviado datos precisos, incluidos retrasos en la agenda y fotografías del lugar, a Josué Elogio N., alias “El Viejito”, quien ya se encuentra detenido por su presunta participación en el crimen.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó órdenes de aprehensión contra ambos por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, mientras que las investigaciones permitieron identificar una estructura criminal más amplia involucrada en el atentado.

Entre los detenidos también se encuentran Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, identificado como presunto líder del grupo y uno de los autores intelectuales; Ricardo N., señalado como responsable del traslado de los agresores; Jaciel Antonio N., alias “El Pelón”, presunto reclutador; así como Gerardo N., colaborador de la célula. Durante los operativos también fue detenida Flor N., además de Alejandro Baruc N., alias “K-OZ”, presunto jefe de una célula generadora de violencia con operaciones en la región, vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga.

De manera paralela, las autoridades confirmaron que al menos diez funcionarios municipales han sido citados a declarar, como parte de la investigación que busca esclarecer el grado de infiltración del crimen organizado en la administración municipal de Uruapan.

Las autoridades federales y estatales subrayaron que el caso continúa en desarrollo y que las imputaciones se mantienen bajo investigación, conforme al debido proceso.