Cuatro altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) son investigados por su presunta participación en delitos relacionados con el contrabando de combustible, cohecho, peculado y administración fraudulenta.

Las indagatorias forman parte del llamado caso de “huachicol fiscal”, que ha implicado la revisión de operaciones internas dentro de la institución.

De acuerdo con la información las investigaciones fueron abiertas en 2024 por la propia Marina y derivaron ya en sanciones contra dos oficiales de alto rango adscritos a la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon), área responsable de la gestión presupuestal y del control de bienes, servicios y recursos materiales de la Armada de México. Los nombres de los involucrados permanecen reservados por motivos de confidencialidad.

La gravedad de las acusaciones llevó a la Semar a presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), que ahora encabeza las investigaciones penales.

Según las pesquisas, los presuntos delitos habrían ocurrido entre 2018 y marzo de 2025, periodo en el que se habría operado una red de contrabando de combustible con posibles vínculos en distintos puertos del país.

Como parte de las acciones para prevenir y erradicar la corrupción, la Marina ha realizado 27 evaluaciones internas en el último año, orientadas a detectar prácticas indebidas y vulnerabilidades en los procesos administrativos.

Estas auditorías han identificado “riesgos de integridad y de corrupción” y dieron lugar a la implementación de planes de acción correctiva, aunque los resultados específicos permanecerán clasificados durante cinco años.

El caso se suma a una serie de investigaciones federales en torno al robo y comercialización ilegal de combustibles, delito que en los últimos años ha afectado tanto a la hacienda pública como a la credibilidad de las instituciones encargadas de su combate.