La Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto una investigación contra elementos de las policías municipales de Ario de Rosales y Salvador Escalante, Michoacán, tras el asesinato de una pareja ocurrido la madrugada del pasado 5 de octubre en el poblado de El Chicharrón.

Las víctimas, identificadas como Paz G., de 44 años, y Gabriela A., de 36, fueron atacadas a balazos mientras se desplazaban en una camioneta Cadillac Escalade de reciente modelo. El crimen ocurrió en una zona rural del municipio de Salvador Escalante, también conocido como Santa Clara del Cobre.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía estatal ha requerido a un total de 38 agentes municipales de ambas demarcaciones. El martes, 20 policías de Ario de Rosales fueron citados en sus propias instalaciones para rendir declaración. Al mismo tiempo, elementos del Ejército Mexicano revisaron su armamento, incluyendo pistolas y rifles de cargo.

Aunque los agentes ya se reintegraron a sus funciones, sus testimonios y el análisis balístico continúan siendo incorporados a la carpeta de investigación.

Al día siguiente, el miércoles, la atención se centró en Salvador Escalante. Un total de 18 policías, incluido el comandante Álvaro de la Cruz, fueron trasladados a las instalaciones de la FGE en Morelia para declarar. Tres patrullas (identificadas con los números 10-622, 82-854 y 81-304) también fueron sometidas a inspección por parte de personal militar.

La revisión de armamento busca determinar si alguna de las armas oficiales fue utilizada en el homicidio, mientras se siguen analizando otros posibles vínculos entre los cuerpos de seguridad municipales y el grupo armado responsable del ataque.

Este tipo de señalamientos no son inéditos en el estado: recientemente, la Fiscalía estatal informó de la detención de seis policías municipales de Buenavista, quienes portaban armas no registradas y estaban fuera del Sistema Nacional de Seguridad.

La FGE no ha informado sobre detenciones hasta el momento, pero confirmó que la investigación sigue abierta y que no se descarta la participación directa o indirecta de elementos policiales en el crimen.