Autoridades estatales iniciaron una revisión de anexos en Uruapan después de las detenciones de presuntos objetivos criminales relacionados con el reclutamiento de jóvenes en centros de rehabilitación. La medida surgió luego de que dos de los implicados en el asesinato del alcalde Carlos Manzo fueran identificados como personas que habían sido captadas en un anexo ubicado en la zona urbana del municipio.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que la revisión de estos espacios responde a los vínculos detectados entre operadores criminales y algunos centros que funcionan sin controles.

El funcionario señaló que se busca frenar el uso de anexos como puntos de captación de jóvenes por grupos delictivos, práctica que autoridades federales y estatales han documentado en distintas regiones.

De acuerdo con reportes recientes, los anexos de Michoacán han sido escenario de hechos de violencia en distintos municipios. En Morelia se registró el rescate de varias personas privadas de la libertad dentro de un centro que operaba sin autorización, mientras que en Zamora y Jacona se reportaron agresiones armadas contra inmuebles utilizados como supuestos espacios de rehabilitación. En otro caso, en Apatzingán, fuerzas policiales localizaron a internos amarrados durante un operativo para responder a denuncias por maltrato.

Las inspecciones también han derivado de episodios que involucraron abusos y detenciones ilegales dentro de estos lugares. En Morelia, elementos estatales clausuraron un anexo donde detectaron a jóvenes retenidos bajo condiciones insalubres y sin protocolos médicos. En Uruapan, autoridades municipales intervinieron al menos dos centros en los que encontraron a personas golpeadas y recibiendo tratamientos sin supervisión profesional.

En años pasados, incluso autoridades sanitarias manifestaron que no se podían realizar supervisiones en los anexos porque eran amenazados por  el mismo personal.

El secretario de Gobierno apuntó que la mayoría de estos espacios operan sin licencia sanitaria, permisos municipales o supervisión especializada, situación que las autoridades ya habían detectado en varios municipios. Las revisiones recientes confirmaron que la clandestinidad persiste y que algunos de los anexos carecen por completo de responsables identificables.

Las clausuras por irregularidades se han mantenido durante los últimos meses. En Morelia, la Policía Municipal y áreas de salud cerraron centros por no cumplir medidas de seguridad, mientras que en Zamora se ordenó la suspensión de actividades en instalaciones improvisadas que funcionaban como anexos sin contar con personal capacitado. En Uruapan, operativos previos documentaron estructuras adaptadas en viviendas sin las condiciones mínimas para atender adicciones.

Las autoridades señalaron que la revisión actual busca depurar los espacios que realmente ofrecen tratamiento, además de impedir que los anexos se utilicen como puntos de control para grupos criminales. Las acciones continuarán en municipios donde se han recibido denuncias por abusos y reclutamiento, con el objetivo de frenar la operación clandestina de estos centros.