Una investigación de Propuesta Cívica documentó presuntas deficiencias en las investigaciones por homicidios de periodistas ocurridos en Veracruz entre 2010 y 2016, periodo marcado por una escalada de violencia contra comunicadores durante el gobierno de Javier Duarte. El análisis señala posibles fallas institucionales que habrían dificultado el esclarecimiento de los casos.

El estudio, denominado “Prohibido investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, revisó tres expedientes relacionados con el asesinato de ocho personas, entre ellas periodistas que habían abordado temas sensibles como seguridad, corrupción y posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

La investigación identificó 14 patrones repetidos en los casos analizados, entre ellos indagatorias superficiales, ausencia de líneas de investigación relacionadas con la actividad periodística de las víctimas y falta de una revisión integral de los hechos. También señaló que en algunos expedientes no se aplicaron protocolos adecuados para atender delitos contra la libertad de expresión.

Entre las omisiones detectadas se encuentran la falta de análisis periciales, revisiones telefónicas y estudios de objetos relacionados con los crímenes, además de deficiencias en el resguardo de escenas y evidencias. El documento señala que varias investigaciones se concentraron en testimonios de presuntos integrantes del crimen organizado y agentes policiales, sin profundizar en otras líneas.

El informe también expone que en casos donde hubo desapariciones no existió una respuesta inmediata de las autoridades y que recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales no fueron atendidas de manera efectiva.

Veracruz se convirtió en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Desde el año 2000, más de 30 periodistas han sido asesinados en el estado, y 18 de esos casos corresponden al periodo en el que Javier Duarte gobernó la entidad.

La organización señaló que las fallas acumuladas en las investigaciones generaron condiciones de impunidad que han impedido esclarecer plenamente los ataques contra periodistas y establecer responsabilidades por los crímenes.