El alcalde con licencia de Morelia en Michoacán y aspirante a la reelección con la coalición PAN-PRD, Alfonso Martínez Alcázar, está siendo investigado por presuntas irregularidades en su gestión municipal por más de 823 millones de pesos.
De acuerdo con información de El Universal, una investigación inicial a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se centra en posibles malos manejos de fondos en la administración del Ayuntamiento de Morelia, implicando a cuatro empresas que podrían haber emitido facturas de manera indebida.
En una segunda pesquisa, la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF están examinando supuestas violaciones en el ejercicio del servicio público, peculado, delincuencia organizada y otros delitos derivados de la asignación directa de 79 contratos por un valor superior a los 475 millones de pesos.
El Universal detalla que, según los descubrimientos de la investigación de la UIF, se habrían destinado más de 348 millones de pesos en concepto de “asesorías” a cuatro empresas.
Se revela que durante el periodo 2022-2024, la administración de Martínez Alcázar contrató servicios de asesoramiento a las empresas Portare Servicios y Soluciones, Sánchez Díaz Soluciones Integrales S.C., Grupo Pro Gler y Soluciones de Negocios Gomo; sin embargo, esas empresas no incluyen la asesoría gubernamental en su oferta de servicios, lo que generó dudas sobre su legitimidad por parte de la UIF.
La falta de transparencia en los procesos de contratación fue otro factor que generó preocupación, ya que en ningún caso los contratos surgieron de un proceso de licitación, y tampoco hay registros de licitaciones ni contratos relacionados con esas empresas en el portal de transparencia del Ayuntamiento.
El Universal explica que en los registros se puede observar que la gestión de Alfonso Martínez pagó 348 millones de pesos por servicios que replican funciones que corresponden a otras áreas del municipio, en específico, la Contraloría Municipal.
Además, los montos asignados a dichas “asesorías” exceden ampliamente los recursos destinados a sectores cruciales para la ciudad, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con un presupuesto de 46 millones de pesos, el Instituto de la Juventud Morelia con 4 millones, el Instituto de la Mujer Moreliana con 13 millones, el Instituto de Cultura Física y Deporte con 16 millones y el Instituto Municipal de Salud con 10 millones de pesos, entre otros.
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En suma, Alfonso Martínez también está siendo investigado por la FGR y la UIF por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, incluyendo peculado, participación en delincuencia organizada y otros posibles delitos.
Funcionarios y amigos de Alfonso Martínez Alcázar también están siendo acusados ante la Unidad de Inteligencia Financiera por delitos de lavado de dinero y el uso del sistema financiero para cometer ilícitos.
La investigación de El Universal añade que recientemente un despacho jurídico presentó una ampliación de su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, en la que se revela que durante 2022 se realizaron 79 adjudicaciones directas por un total de 475 millones 657 mil 466.69 pesos.
Indica que 16 contratos, valorados en 48 millones 158 mil 151.002 pesos, fueron otorgados directamente a empresas vinculadas con el extitular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, sin seguir los procesos normativos correspondientes.
La denuncia también destaca que en la primera administración de Alfonso Martínez (2015-2018) se encontraron observaciones durante las auditorías realizadas en ese periodo; sin embargo, dichas observaciones fueron resueltas en su totalidad por Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, quien en ese momento era auditor superior de Michoacán.
Derivado de lo anterior, se está investigando a 53 empresas constructoras a las que les asignaron obra pública directamente durante 2022 y 2023, y que están involucradas con una posible red de corrupción de la cual formaría parte Miguel Ángel Aguirre.
El Universal también expone que se ha observado que el Gobierno de Morelia falló con sus responsabilidades de transparencia durante 2023.
La divulgación de los resultados de los procesos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación, así como los archivos y contratos públicos, ha sido incompleta hasta el momento.
Dicha situación ha sido verificada a través de múltiples casos reportados al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Aunque el Gobierno Municipal de Morelia ha compartido parte de la información requerida, no lo ha hecho conforme a las normativas establecidas, limitándose a publicar únicamente la primera página de los contratos correspondientes al primer trimestre de 2023.