El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo que calificó como una “grave violación” por parte de Israel y demandó la justicia para lo que denominó un “régimen criminal”.

Irán también acusó a Estados Unidos de complicidad en el ataque, argumentando que los bombardeos israelíes se lanzaron desde el espacio aéreo iraquí, a 70 kilómetros de la frontera iraní, un área que, según sostiene Teherán, está bajo el comando y control de las fuerzas estadounidenses.

En respuesta, funcionarios del gobierno de Joe Biden reiteraron que Washington no tuvo participación directa en el ataque y enfatizaron que se realizaron esfuerzos diplomáticos para garantizar que la respuesta israelí fuese proporcional, evitando así objetivos nucleares o petroleros.

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A pesar de las advertencias de Israel a Irán sobre el “alto precio” que tendría una represalia, el canciller iraní, Abás Araqchí, insistió en que la determinación de Teherán para defenderse es ilimitada.

Según informes, los bombardeos israelíes provocaron la muerte de cuatro soldados iraníes y causaron daños limitados a algunos sistemas de radar en bases militares de las provincias de Teherán, Juzestán e Ilam.

Sin embargo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó que las instalaciones nucleares de Irán no fueron afectadas durante los ataques.

Investigaciones independientes a partir de imágenes de satélites comerciales revelaron que los ataques también afectaron edificios que Irán utilizaba para mezclar combustibles sólidos destinados a misiles balísticos.

Expertos como David Albright, exinspector de armas de la ONU, y Decker Eveleth, investigador del CNA, indicaron que Israel atacó instalaciones clave en Parchin y Kohir, lo que podría haber comprometido seriamente la capacidad de Irán para producir misiles en masa.