Los rastros municipales son una pieza silenciosa pero decisiva en la cadena alimentaria. Sin embargo, en Michoacán se han convertido en una fuente constante de riesgo debido al abandono, la falta de regulación real y la precariedad operativa que se arrastra desde hace varias administraciones.

Las revisiones estatales han identificado fallas que no deberían existir en instalaciones donde se procesan alimentos de consumo diario: drenajes colapsados, pisos porosos que acumulan bacterias, áreas de sacrificio sin separación adecuada, equipo oxidado, falta de agua potable y ausencia de cámaras de frío que permitan un manejo correcto de la carne.

Uno de los hallazgos más alarmantes es la frecuencia con la que los sacrificios se realizan sin supervisión veterinaria, lo que impide detectar enfermedades como brucelosis, cisticercosis o infecciones que pueden trasladarse directamente al consumidor.

En muchos municipios, los rastros operan en construcciones que superan los 30 o 40 años sin haber recibido una modernización profunda. Los programas de apoyo estatal no han sido suficientes para revertir el deterioro, en parte porque la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con recursos para sustituir infraestructura o invertir en personal especializado.

A este escenario se suma la descentralización improvisada: cuando un rastro municipal deja de operar, el sacrificio se mueve a instalaciones privadas sin supervisión. Esto abre la puerta a riesgos aún mayores, ya que las normas sanitarias quedan prácticamente sin vigilancia.

El problema no es aislado ni reciente: afecta a consumidores, comerciantes, carniceros y a toda la cadena productiva. El riesgo se multiplica en mercados, tianguis y carnicerías donde la refrigeración es deficiente o donde la trazabilidad del producto se pierde desde el origen.El tema dejó de ser administrativo: es un problema de salud pública que puede derivar en brotes bacterianos, pérdidas económicas y daños colectivos que el estado ya no puede seguir postergando.