La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los ataques de Hamás y la respuesta militar de Israel en Gaza ha generado preocupación en el gobierno israelí y ha llevado a tomar medidas para reforzar la seguridad en las embajadas.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, se quejó y calificó la situación como una “oleada grave de antisemitismo” y se teme que altos funcionarios, incluido el primer ministro Netanyahu, puedan ser objeto de órdenes de detención por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario.

A pesar de no ser miembro del tribunal, Israel enfrenta la posibilidad de ser juzgado debido a la admisión de los territorios palestinos con estatus de Estado miembro en 2015.

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Si la CPI emite órdenes de detención contra funcionarios israelíes, podría tener repercusiones en el escenario político internacional y en las relaciones entre Israel y la comunidad internacional.

El profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Essex, Matthew Gillett, asegura que cualquier persona sobre la que pesara una orden de detención estaría imposibilitada para viajar a los más de 120 países que son miembros de la CPI, o podría ser detenida.

Gillet considera que, en caso de dictarse órdenes de detención contra funcionarios israelíes, varios de los países aliados podrían tomar medidas como cancelar transferencias de armamento o eliminar las visitas diplomáticas, aumentando el aislamiento internacional de Israel.