El equipo encargado del rescate del Issste, encabezado por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que durante los dos sexenios pasados el instituto de seguridad social sufrió una privatización silenciosa.

Las funciones primordiales del Issste fueron subrogadas a empresas privadas, que en muchos casos sus dueños eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres, con contratos que sumaron 88 mil millones de pesos.

Al mismo tiempo, sufrió un saqueo que afectó su patrimonio por aproximadamente 15 mil millones de pesos, a través del pago de pensiones fuera de la ley.

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Se detectaron clínicas a las que no se les proporcionó equipo básico por 12 años; no contaron con como rayos X portátiles, ecocardiógrafos, ni otro tipo de instrumental especializado que impidió que se atendieran las necesidades de tratamiento de los derechohabientes.

A otras clínicas del país no se les dio el mantenimiento indispensable para brindar un servicio de calidad durante más de dos décadas; no contaban con aires acondicionados, impermeabilización y una red sanitaria adecuada.

Rosa Icela Rodríguez explicó que el servicio que se daba no era prestado por la institución en su totalidad, sino por empresas particulares a las que se pagaba a precios más altos de lo real.