Un juez hondureño dictó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el proceso que enfrentaba por los delitos de fraude y lavado de activos, con lo que quedó cerrado el caso en su contra dentro del expediente conocido como Pandora II.

La resolución fue emitida este martes después de la audiencia inicial. De acuerdo con el Poder Judicial de Honduras, las pruebas presentadas no permitieron establecer la participación de Hernández en los hechos investigados ni acreditar que hubiera recibido o utilizado los recursos públicos señalados por la Fiscalía.

El proceso estaba relacionado con el presunto desvío de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a unos 10.8 millones de dólares, entre 2010 y 2013. La investigación sostenía que parte de esos recursos habría sido canalizada mediante fundaciones, empresas y contratos ficticios, con una presunta finalidad de financiar actividades políticas.

La Fiscalía había señalado que una parte del dinero habría beneficiado la campaña presidencial de Hernández. Sin embargo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para demostrar esa conexión ni que el exmandatario hubiera intervenido directamente en las decisiones presupuestarias cuestionadas.

Con el sobreseimiento definitivo también quedaron sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Hernández y se ordenó extenderle la correspondiente carta de libertad.

El exmandatario, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, regresó al país en julio pasado después de haber sido liberado de una prisión estadounidense. Hernández había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por delitos relacionados con narcotráfico, pero recibió un indulto del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Tras conocer la resolución, Hernández afirmó ante sus simpatizantes que el fallo representa el cierre de lo que calificó como una persecución política y reiteró su inocencia.

Aunque el proceso quedó cerrado en primera instancia, las partes inconformes todavía tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Corte correspondiente.