Un juzgado federal en Oaxaca otorgó una suspensión provisional que detiene temporalmente la construcción de la presa “Mujer Solteca”, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno estatal de Salomón Jara Cruz, tras admitir un amparo promovido por organizaciones civiles que acusan incumplimientos ambientales, falta de permisos y opacidad en su desarrollo.

La resolución fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito a partir de la demanda presentada por el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente, el cual argumentó que la obra avanza sin cumplir requisitos clave como autorización de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y mecanismos de participación pública.

Con la medida cautelar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Estatal del Agua quedan obligadas a detener cualquier avance de la obra mientras se resuelve el fondo del amparo.

El proyecto ha sido señalado por organizaciones sociales por su magnitud financiera y por la falta de información pública suficiente sobre su viabilidad ambiental, hídrica y económica. De acuerdo con documentos oficiales citados por el observatorio, la inversión total podría alcanzar los 30 mil 293 millones de pesos, al sumar costos de construcción, operación y mantenimiento, lo que lo coloca entre los megaproyectos más costosos del país en materia hídrica.

Aunque el Gobierno de México ha planteado una inversión inicial de más de 15 mil millones de pesos para su ejecución, los propios registros incluyen gastos adicionales por operación y mantenimiento que duplican prácticamente el costo original, con proyecciones para el periodo 2026–2028.

Uno de los principales señalamientos es que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto aún se encuentra en evaluación, mientras que estudios complementarios como el acueducto y la planta potabilizadora siguen en elaboración. En conjunto, el avance de permisos y autorizaciones ambientales apenas alcanzaría el 30 por ciento.

Las 28 organizaciones que integran el observatorio advierten además que el proyecto podría poner en riesgo el caudal ecológico del río Atoyac y que el río Sola, identificado como fuente del sistema, presenta condiciones deficitarias de disponibilidad de agua, lo que comprometería su viabilidad.

En su resolución, el juzgado consideró que la suspensión busca proteger el interés público mientras se revisa si el proyecto cumple con la normatividad vigente. Para las organizaciones promoventes, la medida abre la puerta a una revisión más profunda de un esquema de inversión que, señalan, comprometería una parte significativa del presupuesto nacional en materia hídrica.

El observatorio también planteó que los recursos podrían reorientarse hacia soluciones estructurales al problema del agua en Oaxaca, como la reparación de fugas, la sectorización de redes, el mejoramiento de la distribución y el saneamiento de fuentes, problemas que han sido reconocidos incluso por instancias federales como la Conagua.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a autoridades federales y estatales para transparentar los estudios técnicos, garantizar la consulta pública y cumplir plenamente la resolución judicial antes de continuar cualquier etapa del proyecto.

Entre los colectivos que integran el observatorio se encuentran organizaciones académicas, comunitarias y ambientales como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe, el Foro Oaxaqueño del Agua, entre otros, que han mantenido una postura crítica frente al desarrollo del proyecto.