El juez federal estadounidense Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso penal contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, emitió una orden para regular el manejo de las pruebas que la Fiscalía entregará a su defensa.

La resolución establece que los documentos, objetos e información relacionados con el caso deberán clasificarse de acuerdo con el nivel de riesgo que representen para el proceso. La medida busca evitar que determinados materiales sean divulgados públicamente, debido a posibles afectaciones a la privacidad, investigaciones pendientes y la seguridad de personas relacionadas con el caso.

Hellerstein ordenó que Maduro y sus abogados no puedan publicar en internet ni filtrar a los medios las pruebas generales que reciban como parte del proceso. La Fiscalía deberá entregar también el material que pueda ser exculpatorio o utilizado para cuestionar las acusaciones, aunque estará sujeto a las restricciones establecidas por el tribunal.

Parte de la evidencia se encuentra almacenada de manera electrónica y, según la resolución, fue obtenida mediante órdenes judiciales durante la investigación en dispositivos pertenecientes a Maduro y su esposa, Cilia Flores, incluidos teléfonos celulares y computadoras.

Ese material tendrá inicialmente una clasificación de “Solo para Posesión de los Abogados” (APO). Esto significa que podrá estar en manos de los abogados defensores y de su personal, pero los acusados no podrán conservarlo físicamente, salvo cuando lo revisen bajo supervisión de sus representantes legales.

La orden permanecerá vigente incluso después de que concluya el proceso penal, y el tribunal conservará facultades para hacer cumplir las restricciones establecidas.

Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen bajo custodia. Ambos se han declarado no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo y han solicitado que el proceso sea desestimado, entre otros argumentos, bajo el argumento de inmunidad soberana.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, por lo que la protección de las pruebas forma parte de la etapa previa al proceso.