El juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, ordenó la revisión de decenas de cuentas bancarias vinculadas al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar, como parte de la investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y un presunto caso de tráfico de influencias.
La medida contempla solicitar información financiera a más de diez instituciones bancarias sobre movimientos realizados desde el 1 de enero de 2020. Las diligencias también incluyen cuentas relacionadas con el empresario Julio Martínez y diversas sociedades mercantiles que forman parte de la investigación.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española busca contrastar la información bancaria con transferencias previamente detectadas que podrían estar relacionadas con pagos por cientos de miles de euros. El magistrado investiga la posible existencia de una estructura organizada destinada a favorecer intereses particulares mediante el ejercicio indebido de influencias.
Entre los indicios analizados se encuentran transferencias por 490 mil 780 euros realizadas entre 2020 y 2025 procedentes de una empresa vinculada con Julio Martínez, además de otros pagos justificados como servicios profesionales relacionados con conferencias, asesorías estratégicas, mediación y análisis geopolítico.
La investigación también se ha ampliado tras el hallazgo de joyas valuadas en 1.3 millones de euros localizadas en una caja fuerte vinculada al expediente, así como por presuntas intermediaciones comerciales relacionadas con operaciones en Bolivia y Venezuela.
Las autoridades españolas analizan además movimientos financieros realizados desde una de las cuentas bancarias del expresidente, la cual habría recibido recursos posteriormente transferidos a otras cuentas de su titularidad. Entre las operaciones revisadas figura la cancelación anticipada de un préstamo hipotecario por aproximadamente 498 mil euros tras la adquisición de un inmueble valuado en 580 mil euros.
El proceso judicial permanece en etapa de investigación y las diligencias ordenadas tienen como propósito determinar el origen y destino de los recursos involucrados, así como esclarecer la posible existencia de responsabilidades legales derivadas del caso.