Un juez federal rechazó bloquear el intercambio de terrenos que permitirá a SpaceX obtener alrededor de 280 hectáreas pertenecientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande, en Texas, como parte de una operación autorizada por el gobierno de Donald Trump.

El juez federal Fernando Rodríguez Jr. negó la solicitud de grupos ambientalistas y organizaciones indígenas para imponer una medida cautelar que frenara el intercambio de terrenos. Consideró que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para demostrar que la operación provocaría daños ambientales mientras continúa el proceso judicial.

El acuerdo fue aprobado en junio por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. SpaceX entregará 276 hectáreas de terrenos de su propiedad a cambio de las tierras federales, que se encuentran dentro del refugio y más cerca de las instalaciones de lanzamiento de la compañía, ubicadas en Starbase, junto al Golfo de México y cerca de la frontera con México.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre del Valle Bajo del Río Grande abarca unas 41 mil 700 hectáreasdistribuidas en cuatro condados fronterizos y alberga diversos hábitats de fauna, además de sitios considerados de importancia histórica.

Los grupos que se oponen al intercambio sostienen que la operación puede afectar una zona con valor ambiental, histórico y cultural. La demanda fue presentada por el Center for Biological Diversity junto con organizaciones indígenas y otros grupos ambientalistas, que anunciaron que continuarán con el proceso legal pese al fallo.

Por su parte, una evaluación ambiental realizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre concluyó que el intercambio no tendría un impacto significativo y que la operación representaría un beneficio neto para la conservación.

El juez señaló que una medida para detener el acuerdo también modificaría los planes de expansión de SpaceX y podría afectar los compromisos y plazos de desarrollo de la empresa.

La decisión permite que el intercambio avance mientras continúa la disputa legal sobre el uso de los terrenos protegidos.