Juez rechazó en junio primer intento de la Fiscalía para detener a presunta red vinculada con Ernesto Ruffo
evangelio | 17 julio, 2026

Un juez federal rechazó en junio pasado la primera solicitud presentada por la Fiscalía General de la República para obtener órdenes de aprehensión contra integrantes de una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos vinculada con empresas relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. El juzgador consideró que las pruebas aportadas eran insuficientes para acreditar los delitos investigados.

La negativa fue emitida el 22 de junio dentro de la causa penal 219/2026 por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. En esa ocasión, la Fiscalía solicitó la captura de 23 personas, entre ellas empresarios y socios relacionados con las compañías bajo investigación, aunque Ernesto Ruffo no figuraba entre los señalados.

El juez Mario Elizondo Martínez concluyó que los datos de prueba presentados no permitían establecer con claridad la probable comisión de los delitos imputados ni la participación individual de los investigados. Entre los elementos entregados por el Ministerio Público se encontraban documentos notariales, escrituras públicas e información sobre la constitución y operación de diversas empresas.

Semanas después, la Fiscalía presentó una nueva solicitud ante otra autoridad judicial. El 13 de julio, una jueza federal autorizó órdenes de aprehensión contra 25 personas, incluido Ernesto Ruffo Appel, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación identifica a un grupo de empresas que presuntamente habría participado en la introducción ilegal de combustible al país mediante transporte ferroviario. Las autoridades federales mantienen abierta la indagatoria para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados.

Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. Su defensa ha sostenido que el exgobernador no participó en actividades ilícitas, mientras que corresponderá a las autoridades judiciales resolver su situación jurídica conforme avance el proceso.

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