En un hecho inédito, la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión en contra del dictamen de la Reforma al Poder Judicial con la finalidad de que no se discuta en el Pleno este 1 de septiembre.

La jueza otorgó una suspensión que impide a la Cámara de Diputados discutir el dictamen de reforma constitucional y, por tanto, aprobarlo.

De acuerdo con la resolución, la jueza atendió la solicitud de amparo respecto a la vulnerabilidad de los trabajadores con la eliminación de la carrera ministerial.

Estableció que los servidores públicos, al no tener estabilidad en el empleo, cuando fueran sujetos a un procedimiento de responsabilidad que pudiera dar lugar a su cese, estaban legitimados para promover el juicio de amparo desde el inicio del procedimiento, porque de emitirse la resolución de conclusión del encargo, aun cuando se determinara que existieron violaciones procesales o vicios de fondo, no sería factible restituirlos en su empleo, cargo o comisión, con lo que se buscó proteger en cierta forma su permanencia en el empleo.

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La suspensión se da previo a que la reforma sea aprobada, pues, al convertirse en Constitucional, aunque se confirmaran vicios o violaciones procesales, sería inatacable.

“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable”, apuntó.

Lo anterior, debido a que de negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos, además de que sería imposible restituirlos en el goce de sus derechos.