Una jueza de Ecuador declaró inocentes a 32 tripulantes de dos embarcaciones pesqueras interceptadas y bombardeadas por fuerzas de Estados Unidos en aguas del Pacífico, luego de determinar que la Fiscalía no logró acreditar que hubieran cometido algún delito.

Los pescadores, procesados por el delito de asociación ilícita ante señalamientos de presunta colaboración con redes de narcotráfico, pertenecían a los barcos Conquista 2 y María Candelaria. Ocho tripulantes correspondían a la primera embarcación y 24 a la segunda.

El abogado Juan Alvia explicó que durante el juicio no se presentaron pruebas suficientes para demostrar que las embarcaciones o sus tripulantes estuvieran involucrados en actividades ilícitas. También señaló que la Fiscalía no presentó informes estadounidenses relacionados con investigaciones por narcotráfico o tráfico de combustible que involucraran directamente a sus clientes.

Los dos barcos forman parte de las embarcaciones pesqueras atacadas y hundidas por militares estadounidenses, en coordinación con el Gobierno de Ecuador, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, las embarcaciones presuntamente funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a lanchas utilizadas para transportar droga hacia Norteamérica. Algunos de los tripulantes también fueron señalados por supuestos vínculos con Los Choneros, organización criminal ecuatoriana relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La resolución corresponde al primero de tres procesos judiciales que involucran a 88 tripulantes de cinco barcos bombardeados por Estados Unidos. El segundo juicio, contra 46 personas, está previsto para iniciar este jueves, mientras que un tercer proceso contra otros 10 tripulantes fue aplazado al 20 de octubre.

El fallo se suma a decisiones anteriores de la justicia ecuatoriana. En septiembre, otros 28 tripulantesde dos embarcaciones atacadas fueron liberados luego de que una jueza determinara que no existían indicios suficientes para procesarlos.

El caso también ha provocado cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques. Human Rights Watch pidió recientemente a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos revelar la base legal de las operaciones e investigar las denuncias de abusos formuladas por algunos tripulantes.

La sentencia contra los 32 pescadores es de primera instancia. Su defensa espera que las decisiones en los otros procesos sigan el mismo criterio al considerar, según el abogado, que se trata de hechos similares.