Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta por el gobierno de Donald Trump en enero, al determinar que la medida excedió las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio. La resolución fue emitida por Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York.

La política suspendía el procesamiento de solicitudes bajo el argumento de que personas de las naciones señaladas tenían un alto riesgo de convertirse en una carga para el gobierno estadounidense. Entre los países afectados estaban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de Afganistán, Egipto, Irán, Irak, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

En una resolución de 61 páginas, Vargas determinó que la política era contraria a la legislación migratoria estadounidense porque impedía que los funcionarios consulares evaluaran cada solicitud de manera individual. La jueza señaló que la nacionalidad del solicitante no podía utilizarse como criterio único para impedir la emisión de una visa.

El fallo también dejó sin efecto las negativas de visa emitidas exclusivamente con base en esta política, lo que abre la posibilidad de revisar solicitudes que habían sido rechazadas bajo la suspensión. La demanda fue presentada por organizaciones de defensa migratoria, profesionales colombianos y ciudadanos estadounidenses cuyos familiares resultaron afectados.

La medida había entrado en vigor el 21 de enero y afectaba solicitudes de visas de inmigrante, destinadas principalmente a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos, y no las visas para visitas temporales.

Hasta este sábado, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no habían informado si apelarán la decisión. El fallo representa un nuevo revés judicial para la política migratoria de la administración Trump y restablece la evaluación individual de las solicitudes provenientes de los 75 países involucrados.