Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el cierre y desmantelamiento, en un plazo de 60 días, del centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami.

La resolución también prohíbe el ingreso de nuevos migrantes y la instalación de infraestructura adicional, en respuesta a una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee.

El fallo, emitido por la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, establece que, una vez concluido el plazo, deberán retirarse cercos, sistemas de iluminación industrial y las instalaciones de gas, drenaje y desechos. El centro, inaugurado el pasado 3 de julio tras una visita del presidente Donald Trump, fue impulsado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y tenía capacidad para albergar hasta 4 mil personas.

De acuerdo con las organizaciones Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, la operación del centro pone en riesgo la preservación de los Everglades, hábitat de 36 especies amenazadas, entre ellas panteras, caimanes y cigüeñas.

“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, expresó Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

Aunque el fallo representa un triunfo para los demandantes, se prevé que la disputa legal continúe, pues DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han puesto en duda la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama.

Paralelamente, persiste otro litigio liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que exige el cierre del centro por presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes detenidos.