Una jueza federal de Miami permitió que avance una demanda que busca abrir una vía para regularizar a cerca de medio millón de cubanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos años y recibieron el formulario I-220A, un documento que les permite permanecer bajo ciertas condiciones mientras se resuelve su situación migratoria, pero que no equivale al parole.

La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para desestimar el caso y determinó que el tribunal tiene jurisdicción para analizar los argumentos de los demandantes. No obstante, concedió una semana al gobierno para modificar su petición.

El litigio, conocido como Bello-Rubio, fue presentado originalmente por 992 cubanos que buscan que las autoridades reconozcan su liberación bajo el I-220A como una forma de parole, lo que les permitiría acceder a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano. Los abogados pretenden que el resultado pueda beneficiar a cientos de miles de personas en una situación similar.

La Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966, establece un procedimiento especial para que ciudadanos cubanos que cumplen determinados requisitos puedan solicitar la residencia permanente después de haber permanecido legalmente en Estados Unidos durante al menos un año. El conflicto actual se concentra en quienes ingresaron por la frontera con México después del fin de la política de “pies secos, pies mojados” en 2017 y fueron liberados con documentos I-220A.

Los abogados buscan que el caso sea reconocido como una acción colectiva nacional. Si la corte acepta esa solicitud y posteriormente falla a favor de los demandantes, la decisión podría tener consecuencias para una población estimada entre 500 mil y 600 mil cubanos que ingresaron al país en ese periodo. Por ahora, la resolución de la jueza únicamente permite que el litigio continúe y no concede automáticamente la residencia ni el parole a los cubanos con I-220A.

El proceso avanza mientras la administración de Donald Trump mantiene una política migratoria más restrictiva, con un incremento de arrestos y procedimientos de deportación contra migrantes. La comunidad cubana sigue de cerca el caso debido a las posibles repercusiones que tendría sobre quienes actualmente enfrentan incertidumbre respecto a su permanencia en Estados Unidos.