El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que existen motivos razonables para considerar que autoridades penitenciarias de California no han protegido adecuadamente a mujeres privadas de la libertad frente a abusos sexuales presuntamente cometidos por personal de los centros.

La investigación se concentra en la Central California Women’s Facility, ubicada en Chowchilla, y la California Institution for Women, en Chino, ambas administradas por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

El caso deriva de una investigación federal iniciada en septiembre de 2024, después de que el Departamento de Justicia identificara denuncias persistentes de abuso sexual contra internas. La revisión incluyó cientos de demandas privadas relacionadas con presuntos tocamientos, agresiones sexuales y violaciones, además de señalamientos sobre personal que habría solicitado favores sexuales a cambio de privilegios o artículos prohibidos.

Las autoridades federales también señalaron deficiencias en los mecanismos para denunciar y atender estos casos. Una revisión estatal citada por el Departamento de Justicia identificó problemas prolongados, entre ellos procesos de denuncia considerados inseguros o poco accesibles y falta de rendición de cuentas del personal.

El Departamento de Justicia considera que estas deficiencias podrían representar violaciones a los derechos constitucionales de las mujeres privadas de la libertad. La investigación se desarrolla bajo la Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas, que permite al gobierno federal revisar posibles violaciones sistemáticas en centros penitenciarios estatales.

Entre las medidas planteadas para corregir las deficiencias están ampliar la cobertura de cámaras de vigilancia, mejorar los canales confidenciales para presentar denuncias, fortalecer los protocolos de investigación, capacitar al personal y reforzar la supervisión.

El gobierno federal todavía no ha establecido responsabilidad individual por las acusaciones. La investigación busca determinar si existe un patrón de abusos y si las autoridades penitenciarias incumplieron su obligación de proteger a las internas.

El caso permanece abierto mientras las autoridades federales y estatales revisan las denuncias y las condiciones de seguridad en ambos centros penitenciarios.