El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero que el Ejército Mexicano deberá entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia, en torno al caso Ayotzinapa.

La sentencia corresponde al juicio de amparo 1350/2023 y representa un nuevo capítulo en la disputa legal por el acceso a archivos castrenses vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El eje central del fallo es la existencia de una brecha de aproximadamente 853 folios del CFRI que no han sido entregados a las familias ni a los investigadores. El juzgado determinó que la discontinuidad en la numeración de los documentos no acredita su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información sí obra en poder de autoridades militares.

Con este argumento, el tribunal refutó la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que había sostenido que dichos archivos no existían. La resolución establece además que la información no puede clasificarse como confidencial o reservada, dado el interés público y el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad.

La demanda fue promovida en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes reclamaron la omisión de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento del Decreto Presidencial de 2018 que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

El recurso judicial se presentó tras la parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), mecanismo creado para destrabar la investigación. Las familias señalaron directamente a la Defensa por el ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes antes, durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los folios entregados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante.

Organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señalaron que los folios faltantes podrían contener información clave para comprender el contexto criminal en Iguala y esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido que los avances en el caso se habían ralentizado debido a la falta de entrega de información por parte de la Defensa, e indicó que el litigio pudo haberse evitado con cooperación plena de las autoridades militares.

Dentro del mismo proceso, en septiembre de 2023 un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar cualquier información relacionada con el caso.

A más de once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el caso Ayotzinapa permanece sin esclarecerse. Las madres y padres continúan impulsando acciones legales en instancias nacionales e internacionales ante los obstáculos que, sostienen, persisten en la investigación, particularmente en el acceso completo a los archivos militares que podrían aportar datos sobre el paradero de sus hijos.