La Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó 21 denuncias penales contra funcionarios públicos por un posible daño al erario superior a 600 millones de pesos, derivado de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante las revisiones de las cuentas públicas de 2020 a 2024.

Las denuncias fueron presentadas el pasado 26 de junio e involucran a instituciones federales, gobiernos estatales y municipales, así como universidades públicas. Entre las entidades señaladas se encuentran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Talleres Gráficos de México, el gobierno de Nayarit y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

También se presentaron denuncias contra los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, en Veracruz; Matehuala, en San Luis Potosí, y Maravatío, en Michoacán. El gobierno de Nayarit concentra cinco de los recursos penales promovidos por la Auditoría Superior.

Estas acciones representan las primeras denuncias presentadas durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel como titular de la Auditoría Superior de la Federación, luego de su designación por la Cámara de Diputados en marzo pasado.

El auditor superior señaló que la institución busca presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes en cuanto se detecten posibles delitos durante los procesos de fiscalización, sin esperar a que concluyan todas las revisiones para iniciar las acciones legales.

La Fiscalía General de la República será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la posible responsabilidad de los servidores públicos señalados en los expedientes.

Además de las denuncias penales, la ASF informó que presentó 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves por posibles casos de colusión y contrataciones indebidas en procedimientos de adquisición pública.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cuando detecte posibles delitos relacionados con el uso de recursos públicos y colaborar en los procesos de investigación y judicialización.