El auge del aguacate michoacano, impulsado por su alta demanda internacional, ha impactado en los ecosistemas del estado.

A pesar de su relevancia económica —con exportaciones que superan el millón de toneladas anuales—, la industria enfrenta acusaciones por el perjuicio ambiental y social que genera.

El conflicto ha provocado una reacción de comunidades locales, organizaciones ambientalistas y académicos, quienes trabajan para detener la tala ilegal y mitigar el daño al medio ambiente.

El costo ambiental del “oro verde”

La expansión de las huertas de aguacate ha sido devastadora para los bosques de Michoacán, particularmente en regiones como Tancítaro, Uruapan y Ario de Rosales.

De acuerdo con datos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), un árbol de aguacate consume entre tres y 4.7 veces más agua que especies nativas como los pinos y encinos, y requiere hasta 168 litros diarios en huertas maduras.

Lo anterior ha generado una crisis hídrica que afecta tanto a la biodiversidad como a las comunidades rurales dependientes de manantiales y ríos locales.

Además, más del 95 % de la deforestación en el estado ocurre de forma clandestina, impulsada por taladores ilegales y el crimen organizado, que se aprovechan de la falta de supervisión gubernamental.

En los últimos años, incendios provocados han sido utilizados como una estrategia para cambiar el uso de suelo, eliminando bosques nativos para plantar aguacates.

La resistencia de las comunidades

Frente a esta crisis, grupos de activistas como los Guardianes de los Bosques han surgido para proteger las áreas forestales de Michoacán.

Estos colectivos, formados por campesinos, jóvenes y defensores del medio ambiente, organizan patrullajes para identificar talas ilegales, reportan actividades sospechosas a las autoridades y realizan acciones de reforestación con especies nativas.

En municipios como Salvador Escalante y Tacámbaro, las comunidades han adoptado sistemas de vigilancia comunitaria y colaboran con organizaciones no gubernamentales para denunciar el avance desmedido de las huertas.

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Sin embargo, esas acciones los colocan en la mira de grupos criminales que ven en el aguacate una oportunidad lucrativa. La violencia y las amenazas contra activistas son un riesgo constante, haciendo de esta labor una tarea de alto costo personal.

Colaboración científica y tecnológica

Para combatir el problema desde el ámbito académico, la UMSNH ha liderado proyectos como el “Estudio geoespacial de bosques y huertas aguacateras”.

Ese programa no solo identifica las áreas afectadas, sino que también propone prácticas más sostenibles, como un manejo hídrico eficiente que permita equilibrar la producción agrícola con la conservación ambiental.

El Gobierno del Estado también ha puesto en marcha iniciativas como el Guardián Forestal, un sistema de vigilancia satelital que detecta la deforestación y genera denuncias automáticas.

Hasta la fecha, el programa ha reportado la pérdida de más de cinco mil hectáreas desde 2018. Aunque es un avance, activistas señalan que se necesita mayor seguimiento y acción legal para frenar estas prácticas ilícitas.

Un conflicto entre economía y sostenibilidad

La industria del aguacate genera más de 300 mil empleos directos e indirectos en Michoacán, convirtiéndose en un pilar económico para muchas comunidades rurales.

Sin embargo, los beneficios económicos contrastan con los costos ambientales y sociales. El uso excesivo de agroquímicos, la pérdida de cobertura forestal y la disminución de fuentes de agua plantean dudas sobre la sostenibilidad de este modelo agrícola a largo plazo.

El futuro del aguacate michoacano

Activistas y académicos coinciden en que el futuro de la industria depende de una transformación radical hacia prácticas sostenibles.

Eso incluye la certificación de huertas que no contribuyan a la deforestación, el fortalecimiento de políticas públicas ambientales y un control más estricto sobre las exportaciones.

Solo a través de un esfuerzo conjunto entre comunidades, gobierno y sector privado se podrá preservar el patrimonio natural de Michoacán y garantizar que el “oro verde” no se convierta en un símbolo de destrucción ambiental.