En Morelia, apartar lugares de estacionamiento en la vía pública no es una práctica tolerada por la ley, aunque en los hechos siga ocurriendo a plena luz del día. Cubetas, botes, conos, estructuras metálicas improvisadas e incluso vehículos “ancla” continúan marcando territorio frente a negocios y domicilios, sobre todo en calles con alta presión vehicular como Ticateme y zonas aledañas.

Desde el punto de vista legal, la respuesta es clara: no es legal. El espacio de estacionamiento en la vía pública forma parte del dominio público municipal y no puede ser apropiado para uso privado. En Morelia, esta conducta está tipificada como falta administrativa en el reglamento municipal de tránsito y orden urbano, que prohíbe expresamente obstruir o reservar espacios sin autorización. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta el retiro de objetos o vehículos colocados con ese fin.

Aun así, la aplicación de la norma ha sido irregular. Comerciantes argumentan que apartan espacios para evitar bloqueos de accesos, facilitar la carga y descarga o garantizar lugares a clientes. El problema es que esa justificación no tiene sustento legal: ningún negocio puede adjudicarse un tramo de calle por decisión propia. Para hacerlo de manera formal se requiere permiso específico del ayuntamiento, generalmente limitado a zonas de carga, horarios determinados o esquemas de estacionamiento regulado.

La inconformidad ciudadana ha crecido porque el apartado ilegal no solo reduce cajones disponibles, también genera conflictos entre conductores, afecta la movilidad peatonal y refuerza la percepción de que el espacio público se negocia de facto, no por reglas.

¿Qué han hecho otras ciudades?

En distintos puntos del país, el problema ha sido abordado con enfoques contrastantes:

En Ciudad de México, el programa de parquímetros y estacionamiento rotativo buscó eliminar la apropiación informal del espacio. Al convertir el estacionamiento en un servicio regulado y con tarifa, se redujo el incentivo para “apartar” lugares.

Pro: mayor rotación, ingresos públicos, menos conflictos directos.

Contra: rechazo vecinal inicial y percepción de privatización del espacio.

En Guadalajara, operativos específicos retiraron objetos colocados en la vía pública y aplicaron multas visibles.

Pro: efecto disuasivo inmediato.

Contra: resultados temporales si no hay continuidad.

En Querétaro, se combinaron sanciones con señalización clara de zonas de carga y descarga, delimitando horarios permitidos.

Pro: reduce ambigüedades y conflictos con comercios.

Contra: requiere supervisión constante.

En ciudades turísticas como Mérida o San Miguel de Allende, el control ha sido más estricto en centros históricos, con retiro inmediato de objetos y vigilancia frecuente.

Pro: orden urbano sostenido.

Contra: alta inversión en inspección.

El dilema en Morelia

El caso de Morelia no es la falta de reglas, sino la intermitencia en su aplicación. Mientras no exista una política clara, visible y constante, el apartado ilegal seguirá funcionando como una norma paralela, aceptada por costumbre y reforzada por la ausencia de consecuencias.

Corregirlo implica decisiones impopulares pero necesarias: sanciones sostenidas, retiro sistemático de obstáculos y, en paralelo, esquemas formales que atiendan las necesidades reales de carga, descarga y movilidad comercial. Sin eso, la calle seguirá siendo un espacio negociado a mano alzada, no un bien público regulado.

En el fondo, el conflicto no es solo por un cajón de estacionamiento, sino por quién manda en el espacio urbano: la ley o la costumbre.