Nuevas revelaciones pusieron otra vez en la palestra el escándalo de corrupción y espionaje que involucra al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.
Tras años prófugos, el Gobierno de México confirmó que Álvarez Puga y Gómez Mont se encuentran escondidos en Estados Unidos, evadiendo las órdenes de captura en su contra.
Pero no es Gómez Mont la que figura en este momento, sino el vínculo de su esposo con Aureoles y la compra de un sistema de espionaje durante su administración en Michoacán.
En 2017, el gobierno del experredista adjudicó un contrato por 19.5 millones de dólares a Integra Software, empresa vinculada a Álvarez Puga, para la adquisición de un sistema de espionaje digital.
El software permitía acceder a cuentas privadas de redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook y WhatsApp, lo que generó sospechas sobre su uso para monitorear a opositores políticos, periodistas y activistas.
Aunque Aureoles negó haber utilizado el sistema con fines ilegales, la falta de transparencia en la adquisición ha sido motivo de investigaciones.
El escándalo se agravó cuando, en 2021, el gobierno federal inició una investigación contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La pareja es señalada de haber encabezado una red de corrupción que desvió millones de pesos mediante contratos simulados con dependencias gubernamentales, en la que se sospecha pudo haber participado Integra Software.
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El paradero de Gómez Mont y Álvarez Puga había sido un misterio hasta hace unos días. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, confirmó que la pareja se esconde en Estados Unidos, donde han intentado evadir la acción de la justicia mexicana.
Aunque recientemente un juez ordenó el desbloqueo de sus cuentas bancarias, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes las órdenes de aprehensión en su contra y busca su extradición.
La conexión entre el exgobernador y la red de Álvarez Puga refuerza las sospechas de que el espionaje y la corrupción fueron parte de un entramado de gran escala que involucró el desvio de recursos públicos.
Silvano Aureoles también enfrenta problemas legales
En febrero de 2025, un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra por presuntos actos de corrupción durante su mandato.
Desde entonces, su paradero es desconocido, y las autoridades lo consideran un fugitivo; sin embargo, algunos de sus excolaboradores fueron detenidos, mientras que otros consiguieron ampararse y uno más está prófugo.
Fueron detenidos Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC.
En el caso de Juan Bernardo Corona e Israel Patrón Reyes, extitulares de la Secretaría de Seguridad Pública, obtuvieron amparos para evitar su detención.
Guillermo Loaiza Gómez, exdirector de Adquisiciones del estado, parece ser distinto, pues no ha hecho público –al menos hasta ahora– ningún intento de amparo. Mientras tanto, sigue prófugo.