Antes de decidir si arreglan un camino, iluminan una calle o compran patrullas, muchos municipios de Michoacán deben pagar primero lo que otros dejaron firmado. A nivel nacional, los gobiernos municipales destinan en promedio hasta el 55 % de sus participaciones federales al pago de deuda, según el Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda correspondiente al primer trimestre de 2024. En Michoacán, esa proporción se repite e incluso se supera, especialmente en municipios con bajos ingresos propios y múltiples pasivos heredados.

La deuda municipal directa asciende a 2,126 millones de pesos en el estado, dividida entre obligaciones a corto y largo plazo. Aunque esa cifra puede parecer menor frente al total estatal de 28,036 millones de pesos, su impacto varía enormemente según el tamaño del municipio. Para localidades pequeñas, cada peso comprometido significa menos agua, menos patrullas, menos calles reparadas.

El municipio de Apatzingán, por ejemplo, reportó en 2024 una deuda directa de 16.2 millones de pesos, lo que equivale al 34.5 % de sus ingresos disponibles, de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda. Es un caso representativo de lo que ocurre en varias alcaldías michoacanas: el endeudamiento ya no es solo un tema financiero, sino un obstáculo operativo.

A falta de recaudación propia, muchos municipios dependen casi por completo de las participaciones federales, que ya llegan etiquetadas. Una parte se va a nómina, otra a gasto corriente, y otra más, la que sigue creciendo, al pago de deuda o laudos laborales. La reestructura de pasivos, promovida por despachos privados, suele implicar extender plazos a costa de mayores intereses y penalizaciones disfrazadas de “honorarios legales”.

En municipios más grandes como Uruapan, se han documentado adeudos con la Comisión Federal de Electricidad derivados de convenios de alumbrado público. En Morelia, los pasivos multianuales condicionan parte de la inversión pública. En ambos casos, las administraciones actuales deben destinar recursos a cumplir contratos heredados, muchos de los cuales no pasaron por procesos técnicos ni consulta pública.

El Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para 2025, aprobado por el Congreso local, contempla más de 3,380 millones de pesos en inversión multianual, buena parte de los cuales se destinan a amortización de pasivos de ejercicios anteriores, según consta en el dictamen publicado por el Congreso del Estado.

Más allá de la deuda financiera, muchos municipios enfrentan laudos laborales en firme o en proceso que no están registrados formalmente, pero que representan un pasivo latente.

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En Morelia, por ejemplo, los estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024 advierten la existencia de “riesgos por demandas laborales en proceso”, aunque sin especificar montos. En el cuarto trimestre de 2023, el propio municipio reconoce que no se cuenta con provisión formal ni registro adecuado para hacer frente a esos pagos, lo que podría comprometer el presupuesto disponible una vez que los laudos se resuelvan a favor de los demandantes.

Morelia debe aproximadamente 240 millones de pesos sólo por laudos laborales, parte de un pasivo total mayor que incluye juicios civiles y administrativos; hasta ahora se han pagado alrededor de 10 millones de pesos.

En contraste, municipios como Zitácuaro sí registran sus pasivos contingentes y aplican provisiones en sus cuentas públicas, lo que refleja una mejor práctica contable y previsión financiera.

¿Quién le cobra a los municipios?

Los principales acreedores municipales no siempre son bancos. En Michoacán, buena parte de las deudas están relacionadas con:

• Contratos de servicios multianuales con empresas privadas (como alumbrado, recolección de basura, mantenimiento o asesoría).
• Laudos laborales acumulados por despidos irregulares no resueltos.
• Pagos diferidos con dependencias federales como la CFE o el SAT.

En Michoacán, entre el 20 % y el 30 % de los municipios presentan adeudos en el pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), según reportes oficiales recientes. Esto significa que entre 20 y 30 ayuntamientos no han cubierto sus obligaciones fiscales correspondientes al tributo establecido por el estado.

Desde 2016 está vigente la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios, la cual obliga a registrar y transparentar todo tipo de pasivos. Sin embargo, en la práctica, muchos ayuntamientos siguen omitiendo registros clave o disfrazando compromisos como “servicios” para no declararlos como deuda.

Mientras el Congreso estatal canaliza miles de millones de pesos a la amortización de pasivos heredados, y los municipios continúan pagando convenios firmados hace dos o tres trienios, la pregunta sigue sin respuesta:

¿Quién representa al ciudadano cuando el presupuesto ya está escrito antes de gobernar?

Los números, aunque invisibles para muchos, ya decidieron prioridades. Y sin vigilancia ciudadana ni control institucional efectivo, seguirán haciéndolo.

Las estimaciones de la Secretaría de Finanzas de Michoacán advierten que a pesar de la situación económica, los municipios dependen hasta en un 90% de las participaciones federales para sostenerse.

En este contexto, los aparatos burocráticos “obesos” de casi todos los ayuntamientos absorben 8 de cada 10 pesos para capítulo 1000.

Por lo anterior, las limitaciones de los municipios  para la  ejecución de obra pública, formación policial, manejo de residuos sólidos y las atribuciones que señala el 115 constitucional, son prácticamente limitadas.