La empresa Ingemar, de la que es socio el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, habría importado más de 2 mil 500 millones de litros de gasolina y diésel durante 2025, pese a contar con autorización para internar únicamente 389 millones de litros, informó la Fiscalía General de la República (FGR). El volumen excedente supera los 2 mil 137 millones de litros, cantidad que las autoridades consideran producto no declarado e ilícito.
Las investigaciones son encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte del proceso penal iniciado contra Ruffo Appel y otros involucrados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles hacia territorio nacional.
La indagatoria federal sostiene que el esquema operó mediante la introducción de grandes cantidades de hidrocarburos desde Estados Unidos con declaraciones aduanales que no correspondían con el volumen real transportado. Uno de los hallazgos que permitió ampliar las pesquisas fue el aseguramiento de 18 millones de litros de combustible transportados en carrotanques ferroviarios en Coahuila, cuya documentación reportaba únicamente el 10 por ciento de la carga.
La FGR estima que tan sólo en esa operación se habrían evadido alrededor de 166 millones de pesos por concepto de impuestos. El expediente también señala que Ingemar distribuyó el combustible a diversas empresas dedicadas al almacenamiento, comercialización y traslado de hidrocarburos, las cuales presuntamente participaron en la cadena de suministro y dispersión del producto en distintas regiones del país.
Las autoridades federales sostienen que el esquema se desarrolló en tres etapas. La primera consistió en la importación irregular del combustible en cantidades superiores a las autorizadas. Posteriormente, los hidrocarburos fueron distribuidos entre diversas empresas intermediarias. Finalmente, parte del producto habría sido comercializado en estaciones de servicio mediante operaciones que incluyeron triangulación fiscal y financiera.
La acusación presentada por la FEMDO señala que Ernesto Ruffo Appel no sólo figuraba como socio de Ingemar, sino que también desempeñaba funciones como secretario del consejo de administración, cargo que le permitía participar en la toma de decisiones corporativas vinculadas con las operaciones de la empresa.
Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio y posteriormente vinculado a proceso junto con otros siete implicados por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de combustibles. Entre ellos se encuentra José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de Ingemar, quien también enfrenta un proceso penal por estos hechos.
La FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la red y la posible participación de otros involucrados.