El próximo 2 de junio, México vivirá un momento inédito: ciudadanos de varias entidades acudirán a las urnas para elegir por primera vez a jueces y magistrados.

El proceso, impulsado como parte de una reforma judicial sin precedentes, busca democratizar la justicia y renovar la legitimidad de un poder históricamente cuestionado. Aunque aún no se aplica a nivel federal, su implementación abre una discusión urgente sobre los filtros institucionales que permiten —o no— que los perfiles con verdadera solvencia lleguen a ocupar un lugar en la estructura judicial del país.

En este contexto, el caso de Sthepanny Ramos Hernández ha cobrado especial atención. Actualmente es candidata a una magistratura y se encuentra en la etapa final del proceso.

En enero pasado, compareció ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, luego de haber superado todos los filtros previos: revisión curricular, dictámenes técnicos y cumplimiento de requisitos formales.

La sesión, que debía confirmar la idoneidad del perfil, terminó por exponer lo contrario: respuestas vagas, silencios largos y titubeos frente a conceptos básicos del quehacer jurisdiccional. No fue un momento de presión, fue una alerta.

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El caso adquiere mayor dimensión cuando se considera la magnitud del proceso en curso. De acuerdo con cifras oficiales, solo el 18.5% de las 18,447 personas registradas fueron seleccionadas como candidatas para competir por 881 cargos judiciales, entre ellos jueces, magistrados y ministros.

El proceso es grande, complejo y, por lo mismo, expuesto a fallas estructurales. Si un mecanismo diseñado para filtrar rigurosamente termina avalando candidaturas endebles, el problema no es la excepción, sino la norma que lo permitió.

La preocupación, además, no es exclusiva de este caso. A nivel nacional e internacional, diversas voces han advertido sobre los riesgos de un modelo que, en su afán por democratizar, pueda desprofesionalizar.

La Barra Mexicana de Abogados, el ministro en retiro José Ramón Cossío, y organizaciones como Human Rights Watch han coincidido en la necesidad de blindar estos procesos con criterios técnicos claros, para evitar que la elección de jueces dependa más de su popularidad o respaldo político que de su preparación jurídica.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha reiterado que la independencia y la competencia deben ser los pilares del acceso a la magistratura, incluso en contextos democráticos.

El caso de Ramos Hernández no es una condena, pero sí una invitación a revisar con seriedad los métodos de evaluación que están vigentes.

Si un perfil con carencias en nociones básicas del derecho logra posicionarse como finalista, el problema no es solo individual, sino sistémico. Abrir el Poder Judicial a la ciudadanía exige transparencia, pero también rigor. Porque ninguna urna, por legítima que sea, puede suplir la preparación.