El próximo 2 de junio, México vivirá un momento inédito: ciudadanos en varias entidades elegirán por primera vez a jueces y magistrados. Esta reforma judicial busca democratizar la justicia y renovar la legitimidad de un poder históricamente cuestionado. Aunque aún no se aplica a nivel federal, el proceso abre una discusión urgente sobre la capacidad de los filtros institucionales para garantizar perfiles realmente preparados.

El caso de Sthepanny Ramos Hernández, candidata a magistrada, ha cobrado especial atención. En enero compareció ante el Comité de Evaluación tras superar los filtros previos. Sin embargo, su participación evidenció carencias preocupantes: respuestas vagas, largos silencios y desconocimiento de conceptos básicos. Más que un episodio aislado, fue una alerta sobre fallas estructurales.

Te puede interesar: INE implementa novedades para la elección judicial

De 18,447 aspirantes, solo el 18.5% fueron seleccionados para competir por 881 cargos judiciales. El proceso es complejo y, por lo tanto, vulnerable. Si los mecanismos que deberían garantizar calidad avalan candidaturas endebles, el problema no es la excepción, sino la norma.

Diversas voces, como la Barra Mexicana de Abogados, el ministro en retiro José Ramón Cossío y organismos internacionales, han advertido que la elección de jueces debe basarse en criterios técnicos, no en popularidad o respaldo político. La CIDH ha reiterado que la independencia y la competencia deben ser pilares, aún en contextos democráticos.

El caso Ramos no es una condena, pero sí una llamada de atención. Abrir el Poder Judicial a la ciudadanía exige transparencia, sí, pero también rigor. Porque ninguna urna, por legítima que sea, puede suplir la preparación.