En Morelia, cumplir la ley no siempre es suficiente para avanzar. Para muchos negocios, el mayor obstáculo no es una multa ni una clausura, sino algo más difícil de enfrentar: un trámite que no se resuelve. No hay amenazas ni solicitudes explícitas de dinero, tampoco documentos que probar ni cuotas que denunciar. Lo que existe es un expediente que no se mueve, una inspección que se repite sin consecuencias claras o un permiso que permanece “en revisión” más allá de los plazos establecidos. El efecto es el mismo: la actividad económica queda detenida.
Esta forma de presión rara vez se nombra como extorsión. No aparece en las estadísticas delictivas ni en los informes de seguridad pública, pero es una práctica conocida entre comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios. Se trata del uso del trámite administrativo como mecanismo de control, una dinámica en la que la autoridad no niega ni autoriza, simplemente retrasa. Y ese retraso, en la práctica, se convierte en una sanción.
La normativa estatal y municipal establece con claridad los tiempos para responder solicitudes de licencias, dictámenes de Protección Civil, refrendos o permisos de funcionamiento. La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Michoacán obliga a las autoridades a emitir una resolución en plazos definidos. Sin embargo, en la práctica, esos tiempos se diluyen. En Morelia, comerciantes consultados coinciden en un mismo patrón: licencias de funcionamiento que superan los tres o cuatro meses sin respuesta formal, dictámenes de Protección Civil que se solicitan nuevamente aun cuando no ha cambiado el giro del negocio, e inspecciones que regresan con observaciones verbales que no quedan asentadas en actas.
Uno de los ejemplos más frecuentes se da en pequeños restaurantes o cafeterías de reciente apertura. Aunque entregan documentación completa y pagan derechos, el dictamen final se retrasa bajo argumentos técnicos imprecisos: falta una señalización, un extintor “no cumple”, una salida de emergencia “requiere revisión”. La observación se corrige, pero en la siguiente visita aparece un nuevo requisito. El trámite no se niega, pero tampoco se libera.
Un patrón similar se repite en el sector de servicios y comercio minorista. De acuerdo con diagnósticos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Michoacán se mantiene entre los estados con mayores cargas regulatorias a nivel municipal, particularmente para micro y pequeñas empresas. No se trata solo del número de trámites, sino de la discrecionalidad con la que se aplican, una condición que incrementa costos y tiempos sin dejar constancia administrativa clara.
A diferencia de una sanción formal, este mecanismo no genera un acto administrativo impugnable. No hay resolución escrita que pueda llevarse a un tribunal ni multa que combatir. El castigo no está en el papel, sino en el tiempo: semanas sin operar, renta que corre, inversión detenida. Desde el punto de vista legal, no hay una falta acreditable; desde el punto de vista económico, el daño es concreto.
En ese contexto aparece con frecuencia una figura conocida en el ámbito local: el gestor. No siempre actúa fuera de la ley ni promete favores explícitos. Su valor está en conocer el funcionamiento informal del trámite. Sabe qué observación es realmente necesaria, qué área tiene el expediente detenido o con quién hablar para que una revisión avance. Comerciantes relatan que trámites que llevaban meses sin movimiento se liberan en cuestión de días tras la intervención de un intermediario. El problema no es el gestor en sí, sino el sistema que hace que su presencia resulte eficaz.
Este fenómeno no es exclusivo de Morelia. Transparencia Mexicana y México Evalúa han advertido que la falta de digitalización, la ausencia de seguimiento público de expedientes y la ambigüedad normativa en gobiernos locales crean condiciones propicias para la corrupción administrativa y la extorsión indirecta. Cuando el procedimiento no es trazable, la decisión se personaliza. Y cuando depende de personas, aparece la presión, aunque nunca se verbalice.
¿Por qué casi nadie denuncia estas prácticas? Porque no hay un delito evidente, porque denunciar implica seguir dependiendo de la misma autoridad y porque impugnar un trámite suele significar volver a empezar. Para un pequeño negocio, enfrentar al sistema puede ser más costoso que adaptarse a él. El silencio, en muchos casos, no es complicidad, sino una estrategia de supervivencia.
No se trata necesariamente de funcionarios corruptos ni de casos aislados. Este mecanismo puede operar incluso en administraciones donde la mayoría cumple su trabajo. Basta con procesos lentos, criterios poco claros y una cultura institucional donde insistir se vuelve parte del trámite. La extorsión, en este caso, no está en la amenaza explícita, sino en la estructura.
Mientras la extorsión se siga entendiendo solo como un delito armado o una cuota directa, estas formas silenciosas de presión continuarán operando sin nombre ni registro. No dejan recibo ni carpeta de investigación, pero sí dejan negocios detenidos, inversiones congeladas y una economía local que avanza más lento de lo que debería.