La periodista y escritora Anabel Hernández sostuvo que el Cártel de Sinaloa habría logrado penetrar durante las últimas tres décadas algunas de las principales instituciones de seguridad del Estado mexicano. Entre las dependencias que señaló están la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Hernández plantea que la infiltración del crimen organizado no habría ocurrido de manera repentina, sino mediante un proceso prolongado que involucró, según su investigación, a funcionarios de distintos niveles y gobiernos. Su planteamiento forma parte de su libro Narcocracia, en el que analiza la relación entre grupos criminales y estructuras de poder en México.

La periodista afirmó que el avance del Cártel de Sinaloa habría permitido alcanzar posiciones estratégicas dentro de instituciones encargadas de combatir a las organizaciones criminales. También sostuvo que el fenómeno habría trascendido administraciones y partidos políticos, al considerar que las redes de corrupción se desarrollaron durante diferentes periodos presidenciales.

Entre sus señalamientos, Hernández mencionó al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al sostener que él y parte de su equipo habrían tenido vínculos con estructuras criminales antes de ocupar sus actuales responsabilidades. Estas afirmaciones corresponden a la investigación y postura de la periodista y no constituyen por sí mismas una resolución judicial.

El planteamiento vuelve a colocar en el debate público el alcance de la corrupción y la infiltración criminal en las instituciones de seguridad, así como los mecanismos utilizados por organizaciones delictivas para obtener protección o influencia dentro del aparato estatal.