El sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como el Padre Pistolas y adscrito a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, provocó una reacción inmediata de la Iglesia católica tras pronunciar, en una homilía, expresiones insultantes y amenazantes contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. El video del sermón, grabado durante una celebración religiosa y difundido después en redes, mostró al párroco hablando en tono de enojo contra el proyecto hídrico Solís–León, al que señaló como un riesgo para productores y comunidades del Bajío.
En ese mensaje el sacerdote no solo cuestionó la obra, sino que personalizó su crítica en la mandataria estatal y usó lenguaje violento: dijo que el proyecto “los iba a matar de hambre” y remató con una frase de confrontación directa hacia ella. Ese tono, pronunciado además desde el púlpito y frente a feligreses, fue lo que encendió las alarmas dentro de la jerarquía.
Ante la difusión del video, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un posicionamiento en el que desaprobó las expresiones del sacerdote y recordó que los ministros de culto no pueden recurrir a insultos ni a amenazas para expresar desacuerdos con decisiones de gobierno. Subrayó que la misión pastoral es acompañar y reconciliar, y que el descontento social, por legítimo que sea, no autoriza a un sacerdote a usar un lenguaje que pueda interpretarse como incitación.
El propio Gallegos, en declaraciones posteriores, intentó justificar su postura diciendo que su molestia tenía que ver con la defensa del agua y con el posible impacto del acueducto en productores de la región, y negó que su discurso fuera misógino. Sin embargo, tanto autoridades eclesiásticas como civiles señalaron que el problema no era el tema, la disputa por el agua, sino la forma en que lo llevó al ámbito religioso, usando una homilía para descalificar y amenazar a una autoridad civil.
La diócesis de Morelia informó que revisará el caso para definir medidas disciplinarias, algo que no sería inédito tratándose de este sacerdote, quien ya había sido llamado al orden por su manera de expresarse y por declaraciones previas sobre el uso de armas. Expertos en derecho canónico consultados por medios nacionales apuntaron que la sanción podría ir desde una amonestación hasta la suspensión temporal del ministerio, según determine la autoridad eclesiástica.
Con esto, la Iglesia mexicana marca una línea clara: el debate público sobre obras, recursos o seguridad puede darse, pero los sacerdotes no pueden convertir el altar en una plataforma de hostilidad. Y menos cuando se trata de una mujer gobernadora, en un contexto donde la violencia verbal suele escalar con rapidez hacia la violencia política de género.