La proporción de trabajadores informales en México llegó al 55 % de la población ocupada al cierre del cuarto trimestre de 2025, su nivel más alto desde finales de 2022, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significa que 32.9 millones de personas realizan actividades económicas sin contar con prestaciones, contrato formal o acceso a seguridad social, lo que representa un aumento de casi medio millón en comparación con el mismo periodo de 2024.

Aunque la tasa de desempleo se mantuvo relativamente baja, cerca del 2.7 % en enero de 2026, la tendencia hacia el empleo informal se ha consolidado como uno de los mayores desafíos estructurales del mercado laboral mexicano. Expertos señalan que el crecimiento de la informalidad indica que, pese a la generación de empleos, una gran parte de la fuerza laboral se inserta en actividades sin protección social ni condiciones laborales dignas.

El fenómeno no es reciente: durante 2025 se observó que el empleo informal aumentó incluso cuando otras cifras de ocupación mostraban estabilidad o crecimiento. Esta realidad refleja la precariedad en la creación de plazas formales que ofrecen seguridad social, prestaciones y contratos regulares, aspectos fundamentales para la estabilidad económica de las familias.

La desigualdad en la calidad del empleo también se traduce en condiciones de vida más precarias para millones de personas, especialmente en regiones donde la informalidad supera con creces el promedio nacional. La falta de acceso a prestaciones y protección laboral agrava la vulnerabilidad económica y limita oportunidades de desarrollo profesional y social.

Organizaciones y analistas han señalado que este fenómeno demanda la atención de políticas públicas que impulsen la formalización de puestos de trabajo, incentiven la creación de empleos con prestaciones y fortalezcan la capacitación laboral, para que la recuperación del mercado laboral beneficie a un segmento más amplio de la población.