Los ataques aéreos con drones y otras tecnologías utilizadas en las guerras entre grupos delincuenciales incrementaron de manera exponencial en los últimos tres años.
El reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indica que de 2020 a septiembre de 2023 se han registrado 605 ataques con drones equipados con explosivos; la mayor incidencia de los “narcodrones” se muestra en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
El incremento es exponencial: en 2020 se registraron solo cinco y a pesar de la pandemia de Covid-19, pasaron a 260 en el primer semestre de este año, lo que representa un aumento de 5000%.
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En 2022 se registraron 233 agresiones con “narcodrones” y en 2021 fueron 107, según el mismo informe.
De acuerdo con la Sedena, el principal explosivo usado en las armas aéreas es el C4, el cual tiene un alto nivel de impacto tanto a civiles como a estructuras arquitectónicas.
Apenas en meses pasados, el Congreso de la Unión recibió una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Código Penal Federal e incrementar las penas hasta 60 años por la comisión de este delito.
En casos como Michoacán, incluso se han puesto sobre la mesa las intenciones de que el estado intervenga con la legislación local para regular la venta, distribución e importación de los dispositivos.