Integrantes del Consejo Estatal de Ecología (COEECO) y especialistas del Tecnológico Nacional de México emitieron una declaratoria de emergencia para exigir mayores medidas de protección para los defensores del medio ambiente en Michoacán, tras señalar que cerca de 70 activistas han sido asesinados en la entidad durante los últimos diez años.
La iniciativa fue presentada en memoria de Roberto Chávez, líder forestal del municipio de Madero, y de Lázaro Mendoza Ramírez, defensor del Lago de Zirahuén, ambos asesinados en abril de 2026. Los participantes señalaron que estos casos reflejan los riesgos que enfrentan quienes participan en la protección de los recursos naturales.
El presidente del COEECO, Vicente Estrada Torres, afirmó que la violencia contra activistas ambientales se ha convertido en una problemática constante y sostuvo que muchas de las víctimas eran habitantes de comunidades rurales que promovían la conservación de bosques, manantiales y cuerpos de agua.
Durante la presentación de la declaratoria, se destacó que Michoacán alberga importantes ecosistemas forestales que cumplen una función clave en la captación y conservación del agua. Los participantes señalaron que la protección de estos recursos es fundamental para el equilibrio ambiental y el abastecimiento hídrico de diversas regiones del estado.
El investigador del Tecnológico Nacional de México campus Pátzcuaro, Marcial Reyes, advirtió sobre el deterioro de los ecosistemas debido a la pérdida de cobertura forestal, el uso intensivo de recursos naturales y las altas temperaturas registradas en los últimos años.
El especialista indicó que la disminución de bosques y selvas impacta directamente en la disponibilidad de agua y representa uno de los principales desafíos ambientales para Michoacán. También señaló que la conservación de las áreas forestales es indispensable para garantizar recursos naturales a las futuras generaciones.
Los participantes recordaron que organizaciones nacionales e internacionales han documentado agresiones contra defensores ambientales en distintas regiones del país y advirtieron que la falta de resultados en las investigaciones contribuye a mantener condiciones de riesgo para quienes realizan labores de protección del territorio.
La declaratoria plantea fortalecer los mecanismos de protección para activistas, impulsar acciones de conservación ambiental y promover investigaciones que permitan esclarecer los casos de violencia registrados contra defensores de la tierra y los recursos naturales en Michoacán.