El estruendo de los disparos volvió a escucharse en los cerros de Apatzingán y, con él, las aulas se vaciaron una vez más. El inicio de semana, en una zona serrana de El Llano Grande, cercana a la comunidad de El Alcalde, fuerzas del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales repelieron una agresión de presuntos integrantes del CJNG. El saldo fue un hombre abatido, vestía chaleco táctico y portaba un rifle R-15, mientras otros agresores huyeron al monte.

Lo que para los militares fue un operativo más, para la población significó otro recordatorio brutal: el miedo que obliga a padres y maestros a cerrar escuelas, jornaleros que no salen a trabajar y comercios que bajan cortinas antes del mediodía.

Antecedentes que pesan

No es la primera vez que la región enfrenta este escenario. En enero de este año, un ataque contra un helicóptero militar obligó a suspender clases en más de 30 planteles de Apatzingán. La regidora María del Carmen Zepeda Ontiveros advirtió entonces que la violencia estaba obligando a cerrar escuelas y pidió proteger a los menores ante una escalada que ya parecía incontrolable.

Desde entonces, la crisis educativa se ha sostenido: en agosto, se habían cerrado 35 escuelas en 24 localidades, afectando a más de 1 600 estudiantes.

Una violencia persistente

A la par de los tiroteos, la región ha sufrido ataques con drones explosivos, como en julio, cuando comunidades como Chandio, El Guayabo y el propio El Alcalde fueron evacuadas, dejando a un menor herido, y episodios de desplazamiento forzado.

La violencia también se expresa en extorsiones a productores de limón y aguacate, secuestros de autoridades locales y el asesinato de fiscales, mientras grupos como Los Viagras, Los Blancos de Troya y el CJNG se disputan el control. La erosión del Estado de derecho se vuelve palpable en cada cierre de aulas, en cada familia que abandona su casa, en cada silencio impuesto por las balas.

Aulas en Michoacán y México: cifras del impacto

Los cierres escolares por violencia no se limitan a Apatzingán. En Michoacán, municipios como Zinapécuaro, Zitácuaro, Tepalcatepec, Buenavista y Erongarícuaro han registrado interrupciones. Solo en el arranque del ciclo escolar más reciente, se reportaron 200 escuelas cerradas, y en enero se sumaron otros 30 planteles inactivos por la inseguridad.

A nivel nacional, la organización Mexicanos Primero documentó que en las primeras 20 semanas del ciclo 2024-2025, al menos 34 municipios de siete estados sufrieron cierres, reducción de horarios o cambios a modalidad virtual a causa de enfrentamientos, amenazas y extorsiones. Estas interrupciones, advierte, dejan “huellas profundas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes” y transforman asistir a clases en un acto de resistencia.

Más que escuelas cerradas

En este contexto, las escuelas ya no son solo centros de enseñanza. Se han convertido en refugios frágiles, obligados a cerrar sus puertas frente al estruendo de la guerra. El cierre de clases es apenas el síntoma visible de una crisis más profunda: un territorio donde educar y aprender dejó de ser un derecho garantizado y pasó a ser un acto de valentía cotidiana.