Legisladores de Texas solicitaron que la Administración de Donald Trump considere el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre Estados Unidos y México en las negociaciones de aranceles que actualmente se están llevando a cabo.

La solicitud surge ante la grave escasez de agua que enfrenta el estado, que ha provocado una serie de consecuencias económicas, como el cierre de una planta de azúcar en el Valle debido a la falta de agua suficiente, según lo destacó la congresista Erin Elizabeth Gámez.

El incumplimiento de México con las disposiciones del tratado ha tenido efectos económicos devastadores para el sur de Texas, con pérdidas anuales cercanas a los 993 millones de dólares por la falta de agua para la irrigación, según cálculos de la universidad Texas A&M.

Gámez, quien representa una población mayoritariamente hispana, respaldó el decreto presentado por el senador republicano Adam Hinojosa, que exige que el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Internacional de Límites y Aguas tomen medidas para asegurar que México cumpla con sus obligaciones en cuanto a la distribución de agua acordada.

El tratado establece que México debe entregar cantidades específicas de agua a Estados Unidos, pero debido al aumento en la producción agrícola en el estado mexicano de Chihuahua, México ha excedido esos volúmenes, lo que ha generado una disminución significativa de agua en Texas.

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Legisladores texanos sugieren que Estados Unidos podría usar el flujo de agua del Río Bravo como una herramienta de presión para garantizar el cumplimiento del tratado, lo que podría beneficiar a los agricultores y la economía local de Texas, afectada por la sequía.

Por su parte, la investigadora Rosario Sánchez, del Instituto de Recursos Hídricos de Texas, indicó que, aunque el acuerdo establece volúmenes fijos de agua, las condiciones actuales de la cuenca hídrica hacen difícil cumplir con los requisitos establecidos.

A pesar de las tensiones, el gobierno mexicano aún no ha respondido formalmente a las demandas de los legisladores texanos y espera hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos podría aplicar aranceles a productos metálicos mexicanos, para tomar decisiones sobre posibles medidas recíprocas.