A menos de un mes de las elecciones judiciales, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial.
La petición se fundamenta en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que señalan presuntos vínculos de los aspirantes con grupos del crimen organizado, así como en la falta del promedio mínimo de ocho en su licenciatura.
De acuerdo con los documentos presentados ante el INE, 18 candidatos estarían incursos en causas de inelegibilidad al no gozar de “buena reputación” por investigaciones de la FGR o por haber defendido o liberado a miembros del crimen organizado.
Entre los casos más graves, se mencionan seis candidatos con carpetas de investigación por delitos como abuso sexual, peculado, delincuencia organizada e incluso órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud, además de haber actuado como defensores de miembros del Cártel de Sinaloa.
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Adicionalmente, se señaló a otros 12 aspirantes por no cumplir con el requisito de idoneidad al haber defendido a miembros de la delincuencia organizada o haber concedido libertades indebidas a presuntos narcotraficantes y otros acusados.
Otro bloque de ocho candidatos es cuestionado por no haber alcanzado el promedio mínimo de ocho en sus estudios de licenciatura, siendo aspirantes a salas regionales del TEPJF, magistraturas de circuito y juzgados de distrito.
La solicitud incluye ejemplos como el caso de Noel Castro Melgar, investigado en 2016 por presunta corrupción, Karina Almada Rábago, quien dictó la libertad de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario implicado en el caso Rápido y Furioso, Julio Veredín Sena Velázquez, quien otorgó una suspensión que frenó la extradición del líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes, y Diana Montserrat Partida Arámburo, quien ordenó la liberación anticipada de Marcelino Ticante Castro, ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Los legisladores advierten que, de no cancelar las candidaturas, se comprometería la función jurisdiccional debido a posibles conflictos de intereses y falta de idoneidad para los cargos judiciales.