Al menos 13 presuntos líderes del crimen organizado que fueron trasladados de México a Estados Unidos entre 2025 y 2026 solicitaron la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir asistencia consular y gestionar su posible repatriación. La petición fue presentada por su representación legal, que cuestiona la forma en que se realizaron los traslados al país vecino.

El abogado Marco Antonio Avilés sostuvo que sus clientes fueron enviados a territorio estadounidense sin que se desarrollara un procedimiento formal de extradición, por lo que considera que se vulneraron mecanismos legales contemplados en tratados internacionales y en la legislación mexicana. También afirmó que los traslados permitieron una intervención indebida de autoridades extranjeras al margen de los mecanismos jurídicos establecidos.

La defensa señaló que varios de los detenidos enfrentan restricciones especiales dentro del sistema penitenciario estadounidense. Entre los señalamientos expuestos se encuentran limitaciones para recibir visitas familiares, dificultades de comunicación con sus allegados y problemas relacionados con la obtención o revocación de visas para familiares que buscan visitarlos.

Asimismo, acusó que algunos de los internos permanecen bajo esquemas de seguridad excepcionales que restringen llamadas telefónicas y videollamadas, situación que dificulta el contacto con sus familias y limita el acceso a los derechos que, según su representación legal, deberían recibir mediante la asistencia consular.

Cabe recordar que el gobierno de México entregó a 92 líderes criminales en tres diferentes traslados realizados entre 2025 y 2026. Entre los enviados se encuentran Rafael Caro Quintero, Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, identificados por las autoridades como figuras relevantes dentro de organizaciones criminales.

La solicitud presentada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores busca que se revise la situación jurídica de los detenidos y que se fortalezcan las acciones de asistencia consular mientras continúan los procesos judiciales que enfrentan en territorio estadounidense.