El lunes 20 de mayo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant; así como contra el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, así como otros líderes de Hamás.

La acusación del fiscal de la CPI, Karim Khan, atribuye a Netanyahu y a Gallant “responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”.

Mientras que a los líderes del movimiento palestino Hamás se les acusa de tener “responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.

No obstante, el documento constitutivo de la CPI, el Estatuto de Roma de 1998, lo ratificaron 124 países, entre los que no figuran Estados Undios, Rusia, China ni Israel, entre otros, por lo que las naciones que no son parte del Estatuto de Roma de la CPI no tienen ninguna obligación en virtud del mismo en términos jurídicos.

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Así, la decisión de la CPI de emitir una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no se aceptó ni se reconoció por Israel, por lo que a Netanyahu, así como el primer ministro de Defensa de Israel, solo los podrían detener si la Corte los declara culpables, en el territorio de los países que sí ratificaron este documento constitutivo. La propia CPI no tiene forma de efectuar el arresto.

En lo que se refiere a la jurisdicción de la CPI, Palestina sí es parte del Estatuto de Roma, lo que, hipotéticamente, abre la posibilidad de que el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar y el comandante en jefe de las Brigadas al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, se entreguen a la corte, en caso de que la CPI les encuentre culpables.

En cambio, el jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, vive en Catar, país que tampoco ratificó el Estatuto de Roma de la CPI y no tiene obligación de entregarlo a la CPI.