En los municipios de Apatzingán y Buenavista, productores de limón denuncian que la inseguridad se ha agudizado en los últimos meses, y acusan la inacción de los gobiernos federal y estatal para contener el crecimiento de las redes criminales que los someten a extorsiones.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), advirtió que las agresiones van más allá del cobro de “derecho de piso”: hay intimidaciones directas a campesinos, amenazas de cierres de empacadoras y un ambiente de terror que obliga a operar con discreción.

Según las denuncias, los grupos delictivos han impuesto cuotas abusivas por camión de limón que sale de la región, e incluso amenazan con quemar las unidades de transporte si no se cumplen sus exigencias. En algunos casos, las empacadoras se han visto obligadas a suspender operaciones ante el riesgo latente para los trabajadores.

Las organizaciones agrícolas exigen la detención de los responsables y un despliegue de inteligencia que vaya más allá de operativos simbólicos. Bravo insistió en que las acciones gubernamentales han sido insuficientes: “el delito de extorsión sigue exactamente igual… nos tienen de rodillas”, denunció en una conferencia.

Aunque en febrero de 2025 se capturó a un presunto líder de una red de extorsión que operaba contra limoneros y productores de aguacate en la zona, los campesinos aseguran que la medida no ha bastado para frenar las cuotas impuestas por células del crimen organizado.

El panorama sigue cargado de incertidumbre: los productores advierten que, de no consolidarse una estrategia efectiva de seguridad, la propia viabilidad del cultivo del limón en Tierra Caliente corre riesgo, con impacto económico y social para las comunidades agrarias implicadas.