Según el director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, el caso Ayotzinapa, a 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, es el gran fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que los militares ganaron la partida”, sostiene el abogado y señala la impunidad con que se mueven los militares en México y la negativa del Ejército mexicano para entregar toda la información en torno a lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.

En los hechos, participaron el Ejército mexicano, policías y el crimen organizado, todos coordinados para acabar con la vida de los jóvenes.

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Si bien reconoce que las investigaciones avanzaron con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y el regreso a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la investigación se pausó cuando “empezó a topar con pruebas objetivas de la colusión militar con la criminalidad organizada”.

Además, subraya el director de la Prodh, se trata “de elementos del Ejército muy en específico”, por lo que la investigación perdió apoyo.

En ese periodo, Alejandro Encinas estaba a cargo de la CoVAJ, pero al irse, la situación se nubló y adquirió un aspecto al que tenía antes de la llegada de López Obrador a la silla presidencial, más por la puja militar “muy empoderados” para negarse a dar toda la información.

“Creo que, en la mesa, ganó la posición militar”, dice Aguirre.