México vive una tragedia silenciosa: una crisis forense que ha convertido las morgues en cementerios y los laboratorios en depósitos de cuerpos que nadie puede reclamar. Detrás de cada cifra hay una historia suspendida, un nombre perdido entre archivos y bolsas selladas.

De acuerdo con los registros más recientes de fiscalías estatales y del INEGI, durante 2023 los servicios forenses recibieron 94, 983 cadáveres, de los cuales 77,382 eran hombres, 16,221 mujeres y 1,290 no pudieron ser clasificados por sexo. Al cierre de ese año, más de 15,800 cuerpos seguían almacenados en instalaciones forenses y casi 13,000 restos humanos permanecían pendientes de análisis o de un resguardo digno.

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. Desde 2019, la base de datos Crisis Forense documentó la existencia de cuerpos sin identificar en todas las entidades del país. En 2021, las estimaciones hablaban de 52,000 personas fallecidas sin identificar; hoy, la cifra supera los 72,000, de acuerdo con organismos civiles y fuentes oficiales.

El crecimiento anual de cadáveres refleja tanto la persistencia de la violencia como la debilidad estructural del sistema pericial. Solo en 2024 los servicios forenses recibieron más de 100,000 cuerpos, un aumento del 5.4 % respecto al año anterior, lo que saturó aún más los espacios disponibles.

En Michoacán, este escenario se repite con matices propios: los semefos de Morelia, Uruapan y Zamora operan desde hace años al límite de su capacidad. Personal forense ha reconocido que los refrigeradores funcionan al máximo y que algunos cuerpos deben mantenerse en condiciones improvisadas o ser enviados a municipios vecinos. Pese a ello, las autoridades locales insisten en que “no existe crisis”, aun cuando las cifras revelan un rezago creciente en la identificación de víctimas y en la entrega de restos a sus familias.

La raíz del colapso no es solo numérica. Falta personal especializado, médicos forenses, antropólogos, odontólogos, genetistas, y la infraestructura es insuficiente: refrigeradores descompuestos, laboratorios sin reactivos, y archivos donde los registros genéticos se extravían entre duplicidades y errores.

La ausencia de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios periciales ha generado un sistema fragmentado que vulnera el derecho de miles de familias a conocer la suerte de sus desaparecidos. Las muestras genéticas se pierden, los cuerpos se mezclan, los dictámenes tardan años.

Organismos internacionales advierten que México enfrenta ya una crisis humanitaria forense, comparable con escenarios de guerra. Y mientras el país acumula cadáveres sin nombre, las morgues de Michoacán se han vuelto espejo de una realidad nacional: cuerpos apilados, registros incompletos y familias que aún esperan una llamada que les devuelva la certeza de la pérdida.

Cada cuerpo sin nombre es una historia detenida en el tiempo. Y mientras la burocracia acumula bolsas negras, las familias siguen buscando en silencio a los suyos, en un país donde hasta la muerte parece haber perdido identidad.