El pasado 11 de diciembre de 2023, policías estatales y federales capturaron a cuatro hombres en la ranchería de Gámbara, ubicada en el municipio de Múgica, en Michoacán. Las autoridades informaron que tres de los detenidos eran menores de edad y al momento del operativo les decomisaron seis armas largas, mil cartuchos de grueso calibre y 36 cargadores de alto poder.
Ese es sólo uno de los múltiples casos en que adolescentes se ven inmiscuidos en las actividades del crimen organizado en Michoacán, una de las cinco entidades con más niños asesinados por arma de fuego en el país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que a diario 2.8 menores de edad mueren en enfrentamientos armados en el territorio mexicano; el año pasado, 752 perdieron la vida en casos violentos, mientras que en el mismo lapso a 10 niñas las asesinaron a balazos.
El reclutamiento de niños y adolescentes para que formen parte de los grupos delictivos en el estado queda en evidencia cuando se conocen detalles de las acciones que emprende la autoridad. El 24 de noviembre del año pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional esquivaron las ráfagas que les disparaban desde un campamento ubicado en Tangancícuaro, con lo que se inició un intercambio de disparos que terminó con la detención de dos menores de edad, quienes cargaban sus respectivos fusiles de alto poder.
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En 2023, Guanajuato fue el estado donde más crímenes contra niños ocurrieron, con 97 víctimas, seguido de Estado de México con 70, Chihuahua con 54, Zacatecas con 49 y Michoacán con 47, empatado con Jalisco.
El fenómeno de menores obligados a trabajar para el narco ha crecido desde 2015, año en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 30 mil niñas y niños víctimas de esa actividad, pero en 2018 ya eran 460 mil. El organismo detalló que a los menores los usan “para llevar mensajes, informar, robar, secuestrar y hasta matar”, con recompensas que van de los 250 a los 500 pesos diarios, algo muy común en organizaciones como La Familia Michoacana, El Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Prevenir el reclutamiento no es nada sencillo, apunta un documento elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), pues para que ocurra se suman variantes como “el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la victimización por violencia familiar, el contexto social y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos”.
Trata y explotación
Un caso reciente que llamó la atención de expertos en el derecho a las infancias fue el de Salvador Escalante. En ese municipio, el 1 de febrero agentes de la FGE investigaban un posible delito de trata de personas y prostitución, por lo que se trasladaron a una huerta de arándanos en Zirahuén, en el que encontraron a 18 niños obligados a trabajar.
Expertos como Juan Martín Pérez García, integrante de Tejiendo Redes por la Infancia, apuntan que en México el reclutamiento de menores de edad no está tipificado como delito, pese a que organizaciones internacionales como la propia ONU se lo han solicitado al Estado mexicano desde hace tres décadas.
En una petición subida a la plataforma de Change.org, invitan “a la ciudadanía, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a demandar la protección inmediata a la niñez y la tipificación del reclutamiento forzado como delito, la creación de un programa nacional de desvinculación de las víctimas reclutadas y acciones efectivas de prevención en las comunidades a través de procesos de construcción de paz y lucha contra la impunidad”.
Tomando en cuenta la serie de circunstancias descritas, el Observatorio y la Redim concluyen que siete entidades concentran alrededor de 55 % de la población de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados por el narco: Estado de México (9.7 %), Jalisco (8.6 %), Chiapas (8.1 %), Puebla (7.8 %), Guanajuato (7.3 %), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5 %).
Y mientras las organizaciones sociales claman por políticas de prevención, la realidad dicta historias diferentes, como aquella fiesta de XV Años realizada en septiembre del año pasado en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, en la que el capo conocido como “El Tío Laco” celebró a su hija con una aparatosa fiesta a la que acudieron decenas de adolescentes, además de artistas como Julión Álvarez, Pancho Barraza, Alfredo Olivas, Los Sebastianes y el cómico Teo González, rodeados por sicarios con las siglas del CJNG en sus chalecos.