El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó una medida que garantiza un ingreso a las mujeres víctimas de violencia doméstica que necesiten separarse temporalmente de sus empleos por una orden judicial.

La disposición permite un afastamiento remunerado de hasta seis meses y elimina la necesidad de una nueva revisión médica por parte del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). Para acceder al beneficio será suficiente que un juez determine, como medida de protección, el alejamiento de la víctima de su trabajo.

La medida se desprende de la Ley Maria da Penha y da cumplimiento a un criterio establecido previamente por la Corte Suprema de Brasil, que determinó quién debe cubrir los ingresos durante el periodo de separación laboral.

En el caso de trabajadoras con empleo formal, el empleador cubrirá los primeros 15 días, mientras que posteriormente el pago corresponderá al INSS. Para trabajadoras que cotizan de manera individual, el instituto asumirá el beneficio desde el inicio.

Las mujeres que no estén afiliadas a la seguridad social también podrán recibir un apoyo de carácter asistencial, cuyo pago corresponderá al estado, Distrito Federal o municipio que determine el juez.

Además, no será necesario cumplir un periodo mínimo de cotización para acceder al beneficio. El tiempo durante el cual la mujer permanezca alejada de su empleo será considerado para efectos de su futura jubilación.

El INSS tendrá un plazo de 15 días para establecer el procedimiento mediante el cual se entregarán los recursos. La atención deberá realizarse de manera prioritaria y confidencial, incluso a través de la plataforma Meu INSS.

La medida busca resolver una situación que no estaba definida de manera específica en la Ley Maria da Penha: quién debía cubrir los ingresos de una mujer que tuviera que dejar temporalmente su trabajo como parte de una medida de protección.