La inteligencia israelí no fue capaz de prever el ataque de las milicias de Hamás debido a ideas preconcebidas sobre el grupo y un sesgo sexista dentro del grupo de decisores en materia de inteligencia y seguridad.

Las jóvenes reclutas que operan como los ojos de la inteligencia militar emitieron informes sobre movimientos sospechosos que estaban teniendo lugar desde hacía meses, pero sus superiores jerárquicos (todos hombres) corrigieron sus análisis y las infantilizaron, amenazándolas con llevarlas a juicio si seguían insistiendo en sus análisis “absurdos”.

Las alertas emitidas por las observadoras de campo en el ejército israelí han dado lugar a teorías conspirativas sobre el ataque del 7 de octubre.

A pesar de superar las mismas pruebas que los hombres, las mujeres del ejército israelí son enviadas a puestos de vigilancia en lugar de unidades ofensivas de cuerpos de élite.

Su trabajo es tan duro y poco reconocido que, en 2022, 180 reclutas se negaron a servir como observadoras. La mitad fueron arrestadas por este motivo.

Las mujeres israelíes han pedido ser integradas en los cuerpos de élite del ejército, pero sólo han recibido respuestas en forma de comisiones de investigación y proyectos piloto.

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Sin embargo, esas comisiones han sido influenciadas por rabinos del ejército que han recomendado no implementar estos proyectos, amenazando con vetar a sus soldados de servir en unidades con presencia de mujeres.

A pesar de que el servicio de las mujeres en el ejército debería ser visto como parte integral del interés del Estado en su defensa, suele ser percibido como una estrategia para integrar a la comunidad ortodoxa de varones en las fuerzas armadas.

Las mujeres que sirven en puestos altamente disciplinados realizan turnos de observación de hasta ocho horas a través de monitores conectados a cámaras, lo que les genera altos niveles de estrés; el estrés es tan alto que incluso muchas acaban llegando al suicidio.

Las evidencias muestran una profunda desigualdad en el ejército israelí, donde los delitos contra la propiedad privada son castigados con mayor severidad que los actos que violan la intimidad de las mujeres, como distribuir grabaciones de reclutas mientras se visten o videos grabados sin su consentimiento durante relaciones sexuales.

Un informe de 2021 reveló que una de cada tres mujeres había sufrido abuso sexual durante su servicio militar, y el 60 % señaló un ambiente sexualizado en las unidades.

Además, se reveló negligencia y falta de protección hacia las observadoras en la madrugada del 7 de octubre, cuando no fueron informadas del aumento del nivel de alerta, exponiéndolas a los terroristas.